La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por sus presunciones sobre el comportamiento de los escoltas de la mujer de Pedro Sánchez, a la que podrían “ayudar” a fugarse de España, y que aparecen en el último auto que dio a conocer la semana pasada. Un expediente que, cuando se termine, no tendrá ninguna importancia, ya que el magistrado estará jubilado.
Para lograr ese “tirón de orejas”, la Comisión ha vuelto a demostrar que sus integrantes están en los dos lados de la batalla política. Los que deben su puesto al Partido Popular han votado que no y los que fueron apoyados por el PSOE han votado que el expediente era obligado. Empate total y voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, para deshacerlo. La politización de los organismos de la Justicia da una nueva muestra de los defectos que aconsejan un cambio radical en las formas de funcionamiento.
El juez Peinado terminará su carrera con un expediente, pero sin que este afecte a la propia instrucción del sumario, ni a la enumeración de los delitos que le atribuye a Begoña Gómez, ni a su deseo de que sea un jurado popular quien la juzgue. Esas cuestiones las tendrá que resolver la Audiencia Provincial de Madrid, de la misma forma que tendrá que resolver sobre las medidas cautelares de retirada del pasaporte y obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
Los recursos presentados por el abogado defensor de la esposa de Pedro Sánchez tienen su propio camino y habrá que ver lo que sucede, en tiempos de doble y hasta triple duración. Lo que decida la Audiencia tendrá nuevos recursos y, hasta la celebración del juicio —si es que finalmente se celebra—, pasarán varios meses, con nuevos recursos de todas las partes que alargarían el resultado final hasta después de las elecciones generales.
Los tiempos judiciales son muy distintos de los políticos y, mientras los primeros se extienden en meses y en años, los segundos tienen como plazo máximo la primavera de 2027. Tras los resultados de las urnas, lo que vaya a suceder con la ciudadana Begoña Gómez no tendrá la misma importancia, salvo que su marido y actual presidente del Gobierno consiga mantenerse en ese puesto gracias a una nueva suma de escaños en el Congreso de los mismos partidos y formaciones que le proporcionaron la mayoría absoluta tras los comicios de 2023.
El caso de Begoña Gómez, su secretaria y el empresario Barrabés ya está mezclado con el resto de sumarios por presuntos delitos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE. Forman una espesa tela de araña de la que es imposible escaparse. Justa o injusta, esa es la realidad de un caso que comenzó con una pequeña noticia en un medio de comunicación y pasó a convertirse en acusación penal por parte de dos organizaciones tan discutidas como Manos Limpias y Hazte Oír, presentes también en el resto de las causas, ya sea en los juzgados ordinarios, en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo. Por de pronto, la mujer del presidente tiene que entregar su pasaporte al juez Peinado el próximo miércoles.