UGT exige que España adapte su legislación sobre despido a la Carta Social Europea, tras reiteradas declaraciones de incumplimiento por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales. La reforma es urgente para garantizar protección efectiva.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha expresado su satisfacción por la reciente decisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que insta a España a modificar su legislación sobre despidos, alineándola con lo estipulado en el artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada. Este pronunciamiento refuerza la postura que UGT ha defendido durante años, señalando que el actual sistema español de indemnizaciones por despido improcedente no garantiza una compensación adecuada para los trabajadores afectados ni actúa como un disuasivo efectivo contra las prácticas empresariales ilegales.
España ha sido declarada en incumplimiento de la Carta Social Europea en dos ocasiones, lo que resalta una falta de adecuación legislativa continua.
Las autoridades europeas consideran insuficientes las reformas implementadas hasta ahora y exigen cambios legislativos efectivos.
UGT enfatiza que el respeto al Estado de Derecho implica cumplir con las normas internacionales ratificadas por España, incluyendo la adaptación normativa necesaria.
La importancia de este nuevo pronunciamiento radica en su carácter institucional, dado que el Comité de Ministros es responsable de supervisar cómo los Estados miembros cumplen con las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Con esta declaración, se subraya nuevamente la urgencia para que España ajuste su legislación a los estándares europeos en materia de protección frente al despido injustificado.
Históricamente, España ya había sido advertida sobre su incumplimiento respecto a la Carta Social Europea Revisada. En dos ocasiones diferentes, primero tras una reclamación colectiva presentada por UGT y luego por CCOO, se constató que la regulación española vulnera dicho artículo. Esta situación refleja un patrón preocupante en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado español.
A día de hoy, España enfrenta un escenario sin precedentes en este ámbito. El Comité Europeo ha declarado repetidamente que las leyes actuales son insuficientes y no protegen adecuadamente a los trabajadores despedidos injustamente. UGT recuerda que el país no solo ratificó la Carta Social Europea Revisada, sino también un Protocolo Adicional relacionado con reclamaciones colectivas, aceptando así un mecanismo internacional para supervisar su cumplimiento.
El respeto al Estado de Derecho implica no solo observar las normativas internas, sino también honrar los compromisos internacionales adquiridos mediante procesos legislativos formales.
La necesidad urgente de reformar la legislación española se hace más evidente tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida el 14 de abril de 2026, donde se insistió en que las medidas reparadoras deben ser efectivas y proporcionadas. La jurisprudencia nacional también avanza hacia esta dirección; una sentencia del Tribunal Supremo del 12 de mayo del mismo año reconoció la posibilidad de indemnizaciones adicionales para reparar daños causados por prácticas ilícitas o abusivas.
Asimismo, una decisión anterior del Tribunal Supremo del 16 de julio de 2025 subrayó que corresponde al legislador adaptar las normativas nacionales a lo exigido por la Carta Social Europea Revisada. Ante esto, UGT ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional debido a que considera que dicha sentencia no protege plenamente los derechos establecidos en la carta europea.
Para UGT, resulta inaplazable llevar a cabo esta adaptación normativa. Las reiteradas declaraciones del incumplimiento respecto al artículo 24 evidencian la necesidad urgente y prioritaria de reformar la legislación española para asegurar una protección efectiva contra despidos injustificados.
UGT exige que España adapte su legislación sobre despido a las exigencias del artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada, argumentando que el sistema actual no garantiza una reparación adecuada para los trabajadores despedidos injustamente.
La decisión del Comité de Ministros es relevante porque supervisa la ejecución de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales y recuerda a España su obligación de cumplir con los estándares europeos en materia de protección frente al despido injustificado.
El incumplimiento reiterado por parte de España puede llevar a sanciones o medidas adicionales por parte de organismos internacionales, además de afectar negativamente la protección legal de los trabajadores en el país.
Se espera que tras esta sentencia, España reforme su normativa laboral para asegurar que las indemnizaciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, cumpliendo así con las obligaciones internacionales asumidas.