Pepe Álvarez, secretario general de UGT, aboga por un nuevo contrato social para regular la inteligencia artificial y asegurar que sus beneficios se distribuyan equitativamente entre la ciudadanía y los trabajadores.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha enfatizado la urgencia de establecer un nuevo contrato social que regule la inteligencia artificial (IA) y asegure que sus beneficios se distribuyan equitativamente entre toda la ciudadanía y los trabajadores. Durante su intervención, Álvarez subrayó que la IA está transformando el ámbito laboral a una velocidad sin precedentes, y advirtió que sus efectos no son neutros.
“Los beneficios de la IA no están garantizados; dependen de quién controla la tecnología, cómo se regula y cómo se distribuyen sus ganancias”, afirmó. Este contexto plantea interrogantes sobre el futuro del trabajo y la equidad en el acceso a las ventajas que ofrece esta revolución tecnológica.
Álvarez destacó que esta transformación tecnológica representa una oportunidad histórica para avanzar hacia una reducción de la jornada laboral sin afectar los salarios. Según su perspectiva, los incrementos en productividad derivados de la automatización deberían traducirse en más tiempo libre para vivir, conciliar y participar activamente en la sociedad, en lugar de concentrarse únicamente en aumentar los beneficios empresariales.
Además, alertó sobre el creciente poder y riqueza acumulados por las grandes corporaciones tecnológicas. En este sentido, hizo un llamado a implementar mecanismos que garanticen una distribución más justa de los beneficios generados por la IA. “Los datos que alimentan estos sistemas tienen un valor significativo y pertenecen a quienes los generan”, insistió Álvarez.
El líder sindical abogó por una regulación que asegure transparencia en el uso de datos y permita a la ciudadanía beneficiarse económicamente por los datos cedidos voluntariamente. También mencionó la encíclica *Magnifica Humanitas* del papa León XIV, que insta a adaptar las normas laborales y sociales a los desafíos tecnológicos actuales. Esta propuesta resuena con las demandas históricas del sindicalismo: situar el progreso tecnológico al servicio de la dignidad humana y del bien común.
Finalmente, Álvarez concluyó que la gobernanza de la inteligencia artificial debe basarse en principios como la transparencia algorítmica, supervisión humana sobre decisiones automatizadas y un reparto equitativo de las ganancias generadas por esta tecnología. “El futuro del trabajo no puede ser decidido desde las oficinas de las grandes tecnológicas; debe construirse mediante el diálogo social y la negociación colectiva”, sentenció.
Un nuevo contrato social es fundamental para asegurar que los beneficios de la inteligencia artificial se distribuyan equitativamente entre toda la ciudadanía y no solo beneficien a unas pocas corporaciones. Esto incluye garantizar que las decisiones sobre el uso de la IA sean transparentes y que haya una supervisión humana adecuada.
La automatización y el aumento de productividad derivados de la IA pueden utilizarse para reducir la jornada laboral sin afectar los salarios, permitiendo así a las personas tener más tiempo para vivir, conciliar y participar en la sociedad, en lugar de concentrar los beneficios únicamente en las empresas.
Los datos utilizados por los sistemas de IA tienen un gran valor y pertenecen a las personas que los generan. Por lo tanto, es crucial establecer regulaciones que aseguren su uso transparente y permitan a los ciudadanos participar en los beneficios derivados de sus datos, incluso reconociendo económicamente su valor cuando son cedidos voluntariamente.