El Partido Popular quiere que la Comisión Europea se pronuncie sobre la posibilidad de que el PSOE utilizara fondos destinados a gastos de la campaña de las elecciones europeas de 2024 para financiar algunas de las operaciones atribuidas por la UCO a la presunta trama vinculada a Santos Cerdán y Leire Díez.
La iniciativa se produce después de que, en el marco de la investigación del caso Leire Díez, se haya localizado una factura de 18.125 euros emitida por Crónica Libre, medio que la Guardia Civil vincula con esos fondos electorales.
El PP ha registrado una pregunta escrita para recabar la opinión de Bruselas sobre ese supuesto desvío de dinero que, según los populares, debería haberse dedicado exclusivamente a la campaña para los comicios al Parlamento Europeo.
La pregunta escrita ha sido impulsada por la vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y por el eurodiputado Javier Zarzalejos, presidente de la comisión de Libertades.
Ambos consideran que las informaciones conocidas tienen relevancia para el análisis de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho, cuyo informe está previsto para comienzos del mes de julio.
El PP sostiene que, si los hechos se confirmaran judicialmente, podría haberse producido una utilización de recursos declarados como gastos de campaña para fines distintos de los comunicados ante las autoridades competentes.
El foco de la iniciativa está en una factura de 18.125 euros emitida por Crónica Libre.
Según los populares, ese pago habría sido vinculado por la UCO a fondos electorales de la campaña europea de 2024.
El PP sostiene que el dinero pudo haberse utilizado en realidad para obtener grabaciones o información comprometedora relacionada con personas del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que la investigación judicial deberá aclarar.
En su escrito, los eurodiputados populares señalan que, de confirmarse los hechos, podría haberse vulnerado el principio de transparencia en la financiación política.
También advierten de una posible afectación a la integridad electoral, al haberse declarado unos gastos de campaña que presuntamente habrían servido para una finalidad distinta.
Por ello, preguntan a la Comisión Europea si considera compatible con los valores de la Unión que fondos declarados como gastos electorales sean utilizados para obtener información privada sobre adversarios políticos o terceras personas ajenas a la campaña.
Dolors Montserrat ha afirmado que la utilización de recursos, estructuras y relaciones de poder para proteger al entorno político de Pedro Sánchez frente a investigaciones judiciales y policiales sería de una gravedad extraordinaria.
La eurodiputada popular ha recordado además que en la presunta trama también aparece imputada la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.
A su juicio, Bruselas no puede ignorar unas informaciones que afectan a la financiación política, a la limpieza electoral y al funcionamiento del Estado de derecho.
Por su parte, Javier Zarzalejos ha subrayado que la transparencia en la financiación política no es una cuestión partidista, sino un requisito básico del Estado de derecho.
El eurodiputado ha defendido que la Comisión Europea “no puede mantenerse ajena” a lo que está ocurriendo.
Según ha precisado, el PP no pide a Bruselas que prejuzgue una investigación judicial, sino que se pronuncie sobre los estándares democráticos y de integridad que deben regir la financiación de campañas electorales en la Unión Europea.
La iniciativa del PP traslada a Bruselas una nueva derivada del caso Leire Díez, centrada ahora en la posible utilización de fondos electorales para financiar actuaciones ajenas a una campaña.
La investigación de la Audiencia Nacional deberá determinar si esos pagos formaron parte de una operativa irregular y cuál fue su destino real.
Mientras tanto, los populares buscan que la Comisión Europea incorpore esta cuestión al debate sobre la calidad democrática, la transparencia electoral y el Estado de derecho en España.