UGT y CCOO demandan mayor transparencia en la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, destacando la necesidad de un seguimiento eficaz y una evaluación pública para mejorar el acceso a la vivienda.
Los sindicatos UGT y CCOO han participado en una reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para discutir el avance del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado recientemente en la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas. En este encuentro, ambas organizaciones han expresado su apoyo a ciertos aspectos del plan, como los mecanismos de condicionalidad vinculados a la Ley por el Derecho a la Vivienda y la creación de sistemas comunes de información.
No obstante, UGT y CCOO han subrayado la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, evaluación y control sobre la gestión de los fondos públicos que serán administrados por las Comunidades Autónomas. Este nuevo Plan tiene como objetivo movilizar 7.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, con una financiación del 60% proveniente del Estado y un 40% de las CCAA. Sin embargo, los sindicatos consideran que esta cantidad es insuficiente para abordar la crisis actual de acceso a la vivienda que afecta a millones de trabajadores.
Los sindicatos han recordado que España se encuentra muy por debajo de la media europea en inversión pública en vivienda. Por ello, insisten en que es necesario destinar al menos el 1% del PIB anual a políticas públicas relacionadas con este ámbito. Además, han advertido sobre problemas significativos en la ejecución del anterior Plan Estatal de Vivienda, citando ejemplos como el Bono Alquiler Joven, cuya tramitación experimentó retrasos de hasta dos años en algunas comunidades autónomas.
Ante esta situación, UGT y CCOO valoran positivamente que el nuevo Plan incluya un seguimiento continuo de su implementación territorial y evaluaciones públicas periódicas sobre su impacto social. Destacan también el papel crucial que desempeñará el Consejo Asesor de Vivienda en cuanto a control y formulación de recomendaciones respecto al cumplimiento de objetivos sociales.
Asimismo, ambos sindicatos han solicitado al Gobierno un conjunto adicional de medidas normativas y administrativas que mejoren la transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a vivienda. Estas medidas son vistas como esenciales para asegurar una correcta ejecución de los programas y evitar bloqueos o inacciones institucionales.
UGT y CCOO enfatizan que el acceso a una vivienda digna es un derecho social fundamental dentro del Estado del Bienestar. Por lo tanto, instan al Estado a reforzar sus capacidades para coordinar, evaluar y corregir desviaciones en la ejecución del Plan. Reiteran así su compromiso con garantizar un impacto real y transformador en las condiciones de vida de la ciudadanía mediante este nuevo marco legislativo.
UGT y CCOO exigen más transparencia en el seguimiento, control y evaluación de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por parte de las Comunidades Autónomas, así como un paquete adicional de medidas normativas para mejorar la gestión de los fondos públicos destinados a vivienda.
Los sindicatos valoran positivamente la introducción de mecanismos de condicionalidad vinculados al cumplimiento de la Ley por el Derecho a la Vivienda, el blindaje del carácter permanente de la vivienda protegida y la creación de sistemas comunes de información y seguimiento.
UGT y CCOO argumentan que la movilización de 7.000 millones de euros durante cuatro años es insuficiente para enfrentar la crisis actual de acceso a la vivienda en España, que sigue estando muy por debajo de la media europea en inversión pública en este ámbito.
Los sindicatos han señalado importantes problemas de ejecución en varios territorios, como retrasos significativos en programas como el Bono Alquiler Joven, lo que resalta la necesidad de establecer mecanismos más eficaces para supervisar y rendir cuentas sobre estos fondos.