El Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno y ha suspendido el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón (Madrid), según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Con la adopción de estas medidas cautelares, el cierre del CREADE queda suspendido de forma provisional hasta que el órgano judicial dicte sentencia. Durante este periodo, el centro podrá continuar prestando servicio con normalidad y las personas acogidas mantendrán su alojamiento y atención en las condiciones actuales.
En este sentido, fuentes del departamento que dirige Elma Saiz han celebrado que se haya evitado así el desalojo de las familias que estaban acogidas y que llevan meses "sometidas a una gran incertidumbre," desde que el Ayuntamiento de Pozuelo inició este procedimiento, el pasado mes de julio.
A UN 17% DE OCUPACIÓN
Precisamente, también negaron este miércoles que exista "hacinamiento" en el lugar, tal y como afirmaban desde el Consistorio de Pozuelo, y añadieron que, por el contrario, está a un 17% de su ocupación.
Asimismo, explicaron que el centro fue abierto en marzo de 2022 para atender la llegada de ucranianos que huían de la invasión rusa, con 400 plazas iniciales. En la actualidad, agregaron que tiene una ocupación de 70 plazas, todas ellas correspondientes a familias con niños ucranianos con protección temporal, así como varias mujeres afganas con sus hijos, en situación de asilo.
"El CREADE de Pozuelo ofrece un servicio indispensable para estas familias en extrema vulnerabilidad, que pueden iniciar en él su proceso de integración en España con todas las garantías", subrayaron desde Migraciones.
Además, expusieron que, desde su creación, ha sido un "centro de referencia" para otros CREADE y "un modelo que ha sido reconocido como buena práctica por organizaciones de reconocido prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)".
"En estos centros, en apenas unas horas, las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derechos y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan", apuntaron.
El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, interpuso el pasado mes de noviembre un recurso contencioso-administrativo con la petición de medidas cautelares contra el cierre del CREADE de Pozuelo, ordenado en septiembre por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con un plazo de cuatro meses para realojar a las 400 personas que allí residían.