El juez Juan Carlos Peinado ha preguntado a las acusaciones si consideran pertinente archivar el 'caso Begoña Gómez' para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien fuera secretario general de Presidencia en 2021 y permanece imputado desde mayo por la presunta malversación que se achaca a las actividades que realiza Cristina Álvarez como asesora en Moncloa de la esposa del presidente del Ejecutivo.
Así lo hace en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid insta a las acusaciones y defensas a que en el plazo de tres días "manifiesten lo que estimen procedente sobre el posible sobreseimiento respecto del investigado".
Peinado traslada a las partes el escrito de la Fiscalía que pide que archive el 'caso Begoña Gómez' para el delegado del Gobierno en Madrid al considerar "incomprensible" que continúe investigado después de que el juez exonerara a la última imputada, la secretaria general de Presidencia, Judith González, alegando que se debe aplicar el mismo razonamiento a ambos.
El fiscal se adhirió al recurso de reforma presentado por Begoña Gómez contra la decisión de Peinado de mantenerla como investigada, junto a su exasesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y Martín Aguirre.
Cabe recordar que Peinado imputó en esa misma resolución a la secretaria general de Presidencia y la citó a declarar para el pasado 16 de noviembre, día en el que González explicó que Álvarez no dependía de ella y el instructor decidió archivar la causa para la trabajadora de Moncloa.
"A pesar de ser conforme la decisión, no queremos dejar de manifestar lo extraño de la situación, toda vez que en una situación idéntica se mantiene la condición de investigación respecto de Martín Aguirre", señaló el fiscal en su escrito.
Así, subrayaba que se trata del "mismo puesto ejercido, la misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia y la misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada". "Uno, imputado; y otro sobreseído libremente. Desconocemos los razonamientos de una y de otra decisión pero ciertamente causa perplejidad", añadió.
FISCALÍA VE "INCOMPRENSIBLE" MANTENER LA IMPUTACIÓN
En otro escrito, donde el fiscal apoyaba también el recurso de reforma de Martín Aguirre contra esa misma resolución de Peinado, tachó directamente de "incomprensible" mantener la imputación del delegado del Gobierno tras la exoneración de González.
Para la Fiscalía, el razonamiento respecto a la secretaria general de Presidencia es "plenamente aplicable" a Martín Aguirre, "en tanto que no existe dependencia" de Álvarez del puesto que ocuparon ambos, "ni constancia de interrelación ninguna con ella ni con Gómez".
"No hay, ni ahora ni antes, ninguna resolución judicial individualizadora de los hechos atribuidos al investigado ni que exteriorice los razonamientos que le llevan a acordar y sostener la imputación", indicó.
En esta causa, el juez Peinado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
La esposa de Pedro Sánchez es la única investigada a la que imputa los cinco delitos, si bien a Martín Aguirre solo le achaca el de malversación por la contratación y el desempeño de las funciones de Álvarez como asesora de Gómez.
HAZTE OÍR NO VE PROCEDENTE EL ARCHIVO
Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, ya han trasladado al juez su oposición a que archive la causa para Martín Aguirre al considerar que éste "tenía una posición de conocimiento efectivo y directo sobre la estructuras, las funciones y la operativa del personal eventual de la Secretaría General, así como sobre los mecanismos de control interno en la asignación de tareas y uso de recursos públicos".
A su juicio, el cargo de Martín Aguirre incluía "de forma inherente" el "deber de garantizar que los medios personales y materiales de la Presidencia del Gobierno fueran empleados exclusivamente en el marco de las funciones institucionales que justificaban su financiación pública".
"A pesar de ello, y como ya subrayó la Sección XXIII de la Audiencia Provincial de Madrid en su auto de 12 de junio de 2025, (Martín Aguirre) no adoptó ninguna medida para impedir o corregir la desviación de medios públicos hacia fines privados, permitiendo que durante años se consumara un uso espurio de fondos del Estado", señalan las acusaciones populares en el escrito, al que ha tenido acceso a Europa Press.
Así las cosas, comunican al juez Peinado que entienden que lo "procedente en este momento procesal" es mantener la condición de investigado del delegado del Gobierno en Madrid.