El Congreso de los Diputados examinará el jueves si Teresa Peramato cumple con los méritos y la idoneidad necesarios para asumir el cargo de fiscal general del Estado en relevo de Álvaro García Ortiz, quien renunció tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La comparecencia de Peramato en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja es un trámite obligatorio, pero no vinculante, que fija el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) en su artículo 29. Tendrá lugar después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciara el pasado 26 de noviembre.
"Reúne los méritos y requisitos para ser nombrada fiscal general del Estado", declararon los vocales --tanto progresistas como conservadores-- en un Pleno que duró apenas quince minutos, según fuentes del órgano consultadas por Europa Press.
El examen en el Congreso está previsto que dure más tiempo, toda vez que Peramato podrá tomar la palabra para exponer su currículum y defender las razones por las que se considera idónea para ser fiscal general. Los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia también podrán intervenir y formular las preguntas que consideren necesarias antes de pronunciarse sobre su evaluación.
LOS REQUISITOS A EVALUAR
El Estatuto fija como requisito para asumir la jefatura de la Fiscalía que se trate de un jurista español "de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión". Peramato tiene 35 años de carrera y destaca, sobre todo, por su experiencia en la lucha contra la violencia de género y su carácter progresista.
Establece además que "no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico".
Este apartado formó parte del acuerdo que el PSOE y el PP suscribieron en junio de 2024 cuando renovaron el CGPJ, ante la polémica que desató que el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2020 nombrara a Dolores Delgado jefa del Ministerio Público un mes después de su salida del Ministerio de Justicia. En el caso de Peramato, no ha ocupado cargo público alguno en el periodo señalado.
Según el Estatuto, tampoco podrá ser propuesto para fiscal general "quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma". Peramato no lo ha sido.
EL TENSO EXAMEN A GARCÍA ORTIZ
La última vez que los diputados revisaron la idoneidad de un fiscal general fue hace casi dos años, el 21 de diciembre de 2023, después de que García Ortiz fuese confirmado por el Gobierno para su reelección. Llegó al Congreso con la sentencia del Tribunal Supremo que apreció "desviación de poder" en el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado, y el informe negativo de la mayoría del CGPJ.
En aquella ocasión, el debate fue tenso. Ante los reproches del PP, que le pidió que no asumiese el cargo, García Ortiz aseguró que no era "rival político de nadie", sino una "figura institucional". "Reflexione, recapacite y rectifique. No asuma este cargo, de verdad", le pidió el entonces diputado Fernando de Rosa.
De igual forma se manifestó Vox, que criticó que el Gobierno mantuviese la propuesta de García Ortiz para el cargo cuando veía "evidente" que había "serias dudas fundadas" de que fuese a "desempeñar el cargo de una forma imparcial, neutral e independiente". Junts y ERC también desplegaron reproches en su contra; por el contrario, le apoyaron PSOE, Sumar y PNV.
PP RECIBE CON "CAUTELA" A PERAMATO
Esta vez, el PP ha señalado que recibe con "cautela" la propuesta de nombramiento de Peramato. El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, aseguró el martes --cuando se dio a conocer el nombre de la sucesora-- que "lo importante no es a quién nombra (el Gobierno), sino quién lo nombra".
"Aquí la clave es saber si Pedro Sánchez ha decidido renunciar a seguir politizando la Fiscalía General del Estado", apuntó Tellado en declaraciones a la prensa.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, expresó su desconfianza en Peramato en una entrevista a 'Espejo Público'. Dijo que no le daba "un voto de confianza" porque está curado de espanto" con las decisiones del Ejecutivo y que no le parecía "una garantía" que la candidata no haya tenido cargos públicos en el pasado.
MANDATO DE CUATRO AÑOS
Lo cierto es que una vez cumplido el trámite ante el Congreso, con o sin su visto bueno, el Ejecutivo podrá proponer el nombre de Peramato al Jefe del Estado. Tras su nombramiento, la fiscal jurará o prometerá el cargo ante el Rey y tomará posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo como máxima responsable de la Fiscalía.
El propio Estatuto Fiscal determina que el mandato de Peramato tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho periodo únicamente podrá cesar por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.
Así, Peramato se convertirá en la cuarta persona nombrada para liderar la Fiscalía General del Estado bajo un Gobierno de Pedro Sánchez, tras María José Segarra (junio de 2018 a enero de 2020), Dolores Delgado (febrero de 2020 a julio de 2022) y García Ortiz (agosto de 2022 a noviembre de 2025).
Una vez nombrada fiscal general, no podrá ser renombrada, excepto en el caso de que hubiese estado en el cargo durante un periodo inferior a dos años.