La jueza Isabel Durante, al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha rechazado la acumulación de varias denuncias presentadas en diferentes tribunales de la región por la aplicación de los Protocolos de no derivación hospitalaria a los usuarios de residencias durante la pandemia.
Así consta en varias resoluciones, a las que tuvo acceso Europa Press, en las que la magistrada acuerda que cada caso se investigue en el órgano judicial correspondiente de forma independiente. Además, acepta en otro auto como acusación popular al PSOE y Podemos en el procedimiento que investiga.
Estaba pendiente que la jueza se pronunciara sobre la solicitud de la Fiscalía de Madrid y Mareas de Residencias para unir en una sola causa varias denuncias instruidas en los juzgados de Madrid, Leganés, Navalcarnero y Collado Villalba. En ellas constan como investigados el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur; Francisco Javier Martínez Peromingo, que sustituyó a Mur en el puesto; y Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Gobierno regional.
Se trata de querellas que se dirigen contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero; el exconsejero de Justicia Enrique López y contra directores de residencias donde fallecieron usuarios en aquella época.
En la argumentación, la jueza expone en primer lugar que no se trata de los mismos los hechos que constituyen el objeto procesal de cada procedimiento. Y si bien hay tres personas que coinciden como investigados, señala que cada procedimiento se refiere a "una víctima distinta, con contextos asistenciales no coincidentes". "Y en cada caso los posibles responsables --geriatras, facultativos, directores, personal sanitario, etc.-- no serán los mismos", agrega.
Por ello, arguye que la apreciación de la posible existencia de la infracción penal prevista en el artículo 511 del Código Penal --la denegación discriminatoria de una prestación--, tales circunstancias han de conjugarse con "la comprobación de si cada víctima recibió o no recibió, en la residencia de la que era usuario, la asistencia sanitaria adecuada y que presisaba dada su concreta situación -edad, padecimientos, diagnósticos,etc- y las demás circunstancias".
"Todo lo relativo a ese contexto es lo que ha de constituir el objeto de investigación en cada caso, lo que servirá para determinar si cada afectado fue discriminado por denegación de asistencia sanitaria, y lo que habrá de tenerse en cuenta para valorar si la decisión adoptada en el caso concreto fue justa o injusta. De ahí que se considere procedente la instrucción diferenciada, y que no se acceda a la acumulación de procedimientos pretendida", señala.
IMPUTADOS TRES EXALTOS CARGOS
En concreto, la jueza Durante investiga a Carlos Mur; a Francisco Javier Martínez Peromingo y a Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Gobierno regional, por la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
El pasado junio, un juez de leganés acordaba enviar a Madrid otra de las causas sobre muertes en residencias a instancias de uno de los imputados, de Martínez Peromingo, al investigar los mismos hechos relativos a un supuesto trato discriminatorio en la atención sanitaria en las residencias durante aquella época.
En el marco de la instrucción de Madrid, declaró como testigo el exconsejero Alberto Reyero, quien ha cargado varias veces contra el Gobierno regional por la puesta en marcha de los referidos protocolos que siempre ha considerado "indignos" por lo que supusieron para evitar el tarslado de mayores.
Por su parte, el juez de Leganés interrogó como testigo también a Reyero y al director de HM Hospitales, Juan Abarca. Sin embargó, suspendió las declaraciones de Burgueño como testigo al entender que podía llegar a ser imputado tras manifestar que fue nombrado mando único sanitario durante la pandemia.