Los efectivos de las Brigadas Forestales contratados por Tragsa que trabajan en la Comunidad de Madrid han advertido de que seguirán con su huelga indefinida si no hay "condiciones dignas de trabajo" y han exigido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que permita la negociación.
Así lo han manifestado este miércoles en una protesta que han convocado frente al Ministerio para denunciar la "precariedad laboral" que dicen arrastrar desde hace más de una década, y para exigir la negociación de un nuevo convenio con esta empresa pública, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
'Bomberos forestales, derechos laborales' o 'El fuego mata y Tragsa lo remata' han sido algunos de los cánticos que se han realizado durante la concentración que ha reunido a decenas de personas. Algunos de los efectivos llevaban escrito en sus palas para apagar fuegos que 'Tragsa no cumple' y otros han simulado que estaban apagando un incendio frente a las puertas del Ministerio con petardos y humo de color gris y naranja.
"Estamos aquí da para ver si es real que Tragsa tiene una imposibilidad legal de solicitar permisos de aumento de masa salarial a través del SEPI. Se lo hemos dicho muchas veces, pídelos y que sean ellos los que digan que sí o que digan que no", ha remarcado Rafael Fernández, representante de los trabajadores de UGT, a los medios de comunicación.
El Comité de Empresa de las Brigadas Forestales se reunió la semana pasada con representantes de Tragsa y de la Comunidad de Madrid para abordar la situación, si bien el encuentro fue catalogado de "insuficiente" por los trabajadores, que aseguraron que mantendrían la huelga ante la falta de acuerdos para alcanzar soluciones al conflicto.
SITUACIÓN "BLOQUEADA"
"Actualmente la situación está bloqueada porque la empresa pública Tragsa no quiere negociar ningún convenio colectivo con nosotros y la Comunidad de Madrid lo que ofrece es una subida muy baja en el presupuesto del servicio. Pero al menos nos ha traído algo de voluntad", ha indicado, por su parte, Javier Villanueva, miembro del Comité de Empresa de Bomberos Forestales.
Villanueva ha explicado que desde hace un año Tragsa rechaza mejorar la condiciones, pero que ahora "achaca" esta situación al Ministerio de Hacienda porque no les permite "negociar". "Por eso hoy estamos aquí para pedir a María Jesús Montero que permita negociar unas condiciones dignas de trabajo", ha añadido.
Asimismo, el representante de los trabajadores de UGT ha detallado que de momento no tienen "nada a la vista" para mantener un nuevo encuentro con las administraciones, por lo que ha advertido de que seguirán con su calendario de acciones como la que han realizado este miércoles.
"Seguiremos en la lucha", han clamado los efectivos. Una hora después del inicio de su protesta, tres representantes de los trabajadores han entrado a las puertas del Ministerio de Hacienda para registrar las reivindicaciones del colectivo. Con el puño en alto, han sido aplaudidos por sus compañeros reclamando "derechos laborales".
EL ORIGEN
El Comité de Empresa de las Brigadas Forestales denunció que el colectivo trabaja con un "convenio caducado" desde 2012, sin actualizaciones salariales ni reconocimiento de la "dureza y toxicidad" de su labor. Es por ello que, tras "años de incumplimientos y promesas vacías", iniciaron a mediados de julio una huelga indefinida.
El colectivo acusó a Tragsa de negarse "sistemáticamente" a negociar un nuevo convenio colectivo, aludiendo a limitaciones impuestas desde Hacienda, si bien "la realidad de sus cuentas desmiente esa justificación", pues en 2024 se llegaron a obtener beneficios por valor de más de 80 millones de euros.
Por su parte, el Gobierno regional ya ha confirmado con anterioridad a Tragsa su intención de renovar el encargo para las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios forestales y determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos.
Este nuevo acuerdo entraría en vigor a partir de 2026, y debería incluir mejoras como un incremente de la partida presupuestaria en cuatro millones de euros para alcanzar los 32 millones anuales; así como una consolidación de más de 425 efectivos que estarán operativos durante todo el año, de modo que se acaba con la temporalidad.