La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) denuncia la persecución judicial de los sindicalistas Mónica Gurina y Leandro Sánchez, miembros de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), en Misiones. Ambos enfrentarán un juicio el 15 de octubre de 2025 por su participación en protestas legítimas por mejoras salariales en 2024. UGT califica este proceso como un ataque a las libertades sindicales y una estrategia para silenciar la protesta social en un contexto de ajuste económico bajo el gobierno de Javier Milei. El sindicato exige la absolución inmediata de Gurina y Sánchez, así como el cese de la represión judicial contra los defensores de derechos laborales en Argentina. La defensa de estos dirigentes es crucial para proteger los derechos sindicales a nivel global.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha manifestado su enérgico rechazo ante la persecución judicial que enfrentan los dirigentes sindicales de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) en Misiones. La citación a juicio oral, programada para el 15 de octubre de 2025, involucra a Mónica Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, y Leandro Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM). Este proceso judicial se considera un acto de violencia antisindical, destinado a silenciar las protestas sociales y a menoscabar los derechos laborales.
Ambos dirigentes serán juzgados por su participación en las legítimas luchas salariales que tuvieron lugar en 2024, donde defendieron condiciones dignas de vida y trabajo. Según UGT, este juicio representa un grave atentado contra las libertades sindicales y se inscribe dentro de un contexto más amplio caracterizado por ajustes económicos y una represión creciente en Argentina. La utilización del aparato judicial para criminalizar la protesta social busca amedrentar a aquellos que se organizan para defender sus derechos básicos.
Esta situación no es aislada; forma parte de un patrón más amplio de hostigamiento hacia las organizaciones sindicales y sociales en un momento crítico para la clase trabajadora argentina. El proceso judicial contra Gurina y Sánchez ocurre en medio de una gestión presidencial marcada por Javier Milei, cuyas políticas drásticas han deteriorado significativamente las condiciones de vida de muchos sectores populares. Las medidas incluyen recortes sociales, privatizaciones y desregulaciones económicas que han exacerbado la crisis social.
A esto se suman denuncias sobre corrupción en el ámbito público y un clima institucional tenso que complica el actual proceso electoral, debilitando aún más las garantías democráticas. La ofensiva judicial contra estos líderes sindicales es inseparable del contexto de ajuste y persecución que busca someter al movimiento sindical a una agenda regresiva tanto social como laboral.
UGT exige la absolución inmediata de Mónica Gurina y Leandro Sánchez, así como el desprocesamiento de todos los luchadores que enfrentan persecución judicial por su compromiso con la justicia social. Además, el sindicato reafirma su solidaridad internacionalista con los compañeros de la CTA Autónoma de Misiones e invita al movimiento sindical internacional a alzar su voz frente a esta injusticia.
La defensa de quienes son perseguidos en Argentina es también una defensa global de los derechos y libertades sindicales. Solo mediante unidad y solidaridad será posible frenar la represión creciente y asegurar que la lucha por un trabajo decente sea reconocida como un pilar fundamental de la democracia.
La UGT denuncia la persecución judicial que enfrentan dirigentes sindicales de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) en Misiones, específicamente Mónica Gurina y Leandro Sánchez, quienes serán juzgados por su participación en luchas salariales legítimas.
El juicio oral está previsto para el 15 de octubre de 2025.
El contexto político está marcado por la gestión del presidente Javier Milei, cuyas medidas de recorte social y privatizaciones han deteriorado las condiciones de vida de amplios sectores populares, además de un clima de crispación institucional y denuncias de corrupción.
La UGT exige la absolución inmediata de Mónica Gurina y Leandro Sánchez, así como el desprocesamiento de todos los luchadores que sufren persecución judicial por su compromiso con la justicia social.
La UGT afirma que este proceso judicial vulnera no solo la Constitución argentina, sino también los compromisos internacionales asumidos por Argentina ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen el derecho a huelga y la libertad de asociación.