Inmaculada Domínguez y Ricardo Rodríguez discuten la relevancia de la violencia económica en el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2025. En una conferencia organizada por la Universidad Europea de Madrid, se enfatiza que esta forma de violencia limita la autonomía de las mujeres al controlar su acceso a recursos económicos. El nuevo pacto tipifica la violencia económica como delito y propone medidas para su prevención y detección. Domínguez Fabián destaca tácticas como el sabotaje laboral y el control económico, mientras que Rodríguez Ruiz aboga por incluir estas conductas en el Código Penal. Este enfoque busca visibilizar y erradicar los abusos económicos que afectan a miles de mujeres en diversas situaciones sociales.
El reciente evento sobre la violencia económica de género ha puesto de relieve las diversas maneras en que se manifiesta esta problemática. La conferencia, organizada por la Dra. Laura González-Guerrero, directora del Máster Universitario de Violencia de Género de la Universidad Europea de Madrid, subrayó la necesidad de abordar esta forma de violencia como un fenómeno social que requiere atención y acción.
González-Guerrero enfatizó que “la violencia económica de género es una forma de control y abuso que limita la autonomía y el bienestar de las mujeres”. En este contexto, el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en febrero de 2025, busca visibilizar y erradicar conductas que restringen la autonomía femenina, tales como el impedimento para acceder a un empleo o el control sobre los gastos personales.
La actualización del pacto tipifica la violencia económica como delito, estableciendo medidas para prevenir y detectar a quienes ejercen este tipo de violencia. La investigadora Ana María González Marín destacó que “es una forma de violencia que se presenta cuando se limita el acceso al dinero, al trabajo y a recursos básicos”, afectando a miles de mujeres independientemente de su clase social o nivel educativo.
Por su parte, Inmaculada Domínguez Fabián, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, explicó que hasta febrero de 2025 no existía reconocimiento legal para esta forma de violencia. “Las víctimas no podían beneficiarse de protección ni incluirse en programas existentes, lo que dificultaba su capacidad para denunciar abusos”, afirmó.
Domínguez Fabián también delineó tres tácticas principales utilizadas en los abusos económicos: el sabotaje laboral, donde se impide a las mujeres asistir al trabajo; el control económico, que se intensifica tras una separación; y la explotación económica, caracterizada por retrasos en pagos o negaciones a contribuir económicamente. Estas tácticas pueden persistir tanto durante como después de una relación.
En cuanto al marco jurídico, el magistrado Ricardo Rodríguez Ruiz, quien trabaja en el Juzgado sobre la Mujer nº1 de Dos Hermanas (Sevilla), resaltó los aspectos fundamentales del nuevo pacto. Propone incluir en el Código Penal un artículo específico que contemple conductas limitantes hacia la economía e independencia financiera femenina.
Rodríguez Ruiz concluyó recordando que las mujeres víctimas enfrentan diariamente situaciones opresivas, como el control constante sobre sus finanzas o restricciones injustificadas al acceso a recursos económicos. “Todo esto representa una violación a su libertad y autonomía”, advirtió, instando a una mayor conciencia social sobre esta problemática.
El evento sirvió no solo para informar sobre estas cuestiones críticas, sino también para fomentar un diálogo necesario acerca del impacto profundo que tiene la violencia económica en la vida cotidiana de muchas mujeres.