Un perito de parte ha ratificado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la empresa tasadora contratada por la Comunidad de Madrid para fijar las indemnizaciones por las viviendas, plazas de garajes y locales afectados por las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid valoró "muy por debajo" de la media de mercado los precios de los inmuebles perjudicados.
La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha arrancado este lunes las vistas para determinar si valida las compensaciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid a los afectados por los derribos.
La Sala ha escuchado en esta primera sesión el peritaje de un arquitecto contratado por la asociación Rafael Alberti y Presa. Mañana y jueves están previstos más peritajes mientras que el viernes comparecerán psicólogos que atendieron a los damnificados.
Desde esta asociación critican que la Comunidad de Madrid sustente las indemnizaciones en una tabla rasa sin tener en cuenta los metros de las viviendas y otros parámetros, lo que tacha de "injusto".
Ante el tribunal, el arquitecto ha detallado que para su informe pericial se usaron diferentes parámetros para determinar el valor real de la viviendas como la superficie, el año de construcción o la ubicación. Además, se aplicó la normativa ECO ( de la Orden ECO/805/2003), que establece normas de valoración de bienes inmuebles para fines financieros, como la obtención de créditos hipotecarios.
En declaraciones a los medios, el perito ha señalado que el informe de Tinsa, tasadora contratada por el Gobierno regional, valora de forma "clarísima" por debajo de la media.
"Las valoraciones siempre pueden ser un poco relativas, pero yo considero que en el caso de ese informe de valoración hay una tendencia clarísimamente de desvirtuar y llevarlo a la baja, descaradamente", ha aseverado.
Por ejemplo, apunta, realizan una valoración de una plaza de garaje en 11 o 12 mil euros, prácticamente la mitad de lo que es una plaza de garaje normal en la zona. "Está muy desvirtuado. Llevarían una estrategia posiblemente de acuerdo con quien les contrató", ha añadido.
El presidente de la asociación Rafael Alberti y Presa, Juan Antonio Presa, ha señalado que se ha llegado a juicio porque "la comunidad de Madrid no ha tenido bien en escuchar sus reivindicaciones en cuanto a las tasaciones, el daño moral y la pérdida de alquileres".
"Se han jactado de repetir una y otra vez que se ha llegado a un máximo legal y yo pregunto ¿cuánto es un máximo legal? Si la vida de una familia se ha visto destrozada, ¿quién dice que es el máximo legal?", recalca.
Así, ha criticado que "la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es minimizar todo ese tipo de cosas". "La diferencia es muy grande, están todos fuera del mercado. Hoy una vivienda con la cantidad que nos indemnizó ya la comunidad de Madrid es imposible comprar en el entorno, y no solo en el entorno, en cualquier pueblo de la comunidad de Madrid", indica.
Los afectados reclaman a la Comunidad de Madrid que al menos las compensaciones se ajusten al valor del mercado de las viviendas, dado que las cantidades que les dan son a su juicio ínfimas para afrontar el coste actual de una casa.
MAYOR COMPENSACIÓN
El colectivo exige al Gobierno regional una compensación mayor a la que recibieron por los daños en sus viviendas. Las indemnizaciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid oscilan entre 136.000 y 355.000 euros, con compensaciones adicionales de 10.000 a 33.000 euros por garaje.
Frente a ello, los vecinos consideran insuficientes estas indemnizaciones, dado que el precio de las viviendas en esta zona asciende a unos 250.000 euros.
CRITERIOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha recordado que las valoraciones que se realizan en los expedientes de responsabilidad patrimonial se basan en "criterios jurídicos y técnicos" y, en este caso, con informes de tasación realizados por empresas avaladas por el Banco de España.
Así, han recalcado que, además de incluir el valor de la vivienda, en los expedientes también se contemplan los daños y perjuicios ocasionados por el desalojo y posterior derribo, gastos de mudanzas, guardamuebles y pérdida de muebles y enseres que quedaron en la vivienda. En este sentido, también recoge el daño moral y el lucro cesante.
En cualquier caso, desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han recalcado que los vecinos afectados están en su derecho de realizar las acciones judiciales que consideren oportunas si no están de acuerdo con la valoración realizada. "El Gobierno de la Comunidad Madrid respeta esta decisión, así como el proceso judicial que se deriva de estas acciones", ha remarcado a Europa Press.