La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado este viernes desde Pozuelo de Alarcón a la imputación de dos exaltos cargos del Gobierno regional por los protocolos de derivación sanitaria en residencias durante la pandemia, al asegurar que la Fiscalía "ha cambiado de criterio" y esa es la "única información" que tiene al respecto.
"Es un asunto que estaba archivado hace tres años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo", ha trasladado la dirigente madrileña ante los medios de comunicación tras visitar las obras del nuevo Centro de Salud Cerro de Los Gamos.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados este lunes 26 de mayo a las 12.30 horas a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid --Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo-- durante la pandemia de Covid-19, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Europa Press.
Mur era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19. Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.
Se reabre así a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes, según ha informado la asociación 7.291 Verdad y Justicia en un comunicado.
ASUNTOS SOCIALES DESTACA EL AVAL DE 10 SOCIEDADES MÉDICAS
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales también se ha pronunciado este viernes para recordar que "ya han sido más de 60 los procedimientos archivados en los juzgados" sobre lo ocurrido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de covid-19.
Fuentes de la Consejería que dirige Ana Dávila han subrayado que "la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y otras nueve sociedades médicas".
"Este asunto ya fue archivado hace tres años y ahora la Fiscalía ha pedido reabrirlo. Respetamos las decisiones judiciales, que haga las diligencias que considere, pero recordamos que ya han sido más de 60 los procedimientos archivados en los juzgados por esta cuestión", han apuntado desde la Consejería de Asuntos Sociales