La multa se ha aprobado en el último Pleno del Tribunal de Cuentas y ha salido adelante con el voto particular de dos consejeros. Tras conocer la propuesta de sanción, Vox ha anunciado que presentará un recurso en el Tribunal Supremo. Los de Santiago Abascal consideran "injusta" la resolución y confían en que "tanto esta, como otra sanción anterior del mismo órgano por supuestas donaciones para cubrir la fianza contra los líderes separatistas, serán anuladas".
En concreto, a Vox se le sanciona por incumplir el apartado a del artículo 17.2 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos al haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo.
MÁS DE 300.000 INGRESADOS ANÓNIMAMENTE EN CAJEROS
El origen del expediente sancionador son los informes del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad anual de Vox en los años 2018, 2019 y 2020, en los que se apuntó a más de 330.000 euros que Vox recibió en cajeros automáticos como "actividades promocionales", sin que el fiscalizador pudiera dilucidar si realmente responden a la compra de productos de 'merchandising' del partido o si suponen donaciones anónimas que están prohibidas por la ley.
No es la primera vez que Vox recibe una sanción del Tribunal de Cuentas, que ya le multó en julio del pasado año con 233.324,22 euros por un expediente que se abrió el año anterior por financiación irregular detectada en el informe de 2019 por usar donaciones para acciones judiciales. Esta multa fue recurrida en el Supremo.
Aquella multa fue recurrida en el Supremo y ahora Vox vuelve a anunciar que impugnará en el Alto Tribunal al considerar que esta nueva sanción es "injusta" y contraria a la propia Ley, a las resoluciones del fiscalizador y a sus antecedentes.
DOS VOTOS PARTICULARES
En su opinión, no existe base legal para la sanción y subraya que la decisión del Tribunal de Cuentas no ha sido unánime y que dos de sus consejeros han emitido votos particulares "en los que defienden que no hay motivo alguno para la sanción".
Por todo ello, la formación confía en que tanto esta sanción como la del año pasado, impuesta por hacer una cuestación para cubrir la fianza contra los separatistas, serán anuladas.