El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha firmado la Orden para poner a disposición del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) os centros sanitarios privados y su personal para atajar la tercera ola del Covid en la región.
Así consta en la Orden, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que figura que estos establecimientos facilitarán las camas en planta hospitalarias y las UCIS que tengan en cada momento.
"Tanto la Dirección General del Proceso Integrado de Salud del SERMAS como los centros privados llevarán una relación actualizada de los pacientes que sean derivados como consecuencia de esta orden, especificando si se trata de pacientes con diagnóstico principal Covid-19 u otra patología, e indicando el número de días de estancia hospitalaria de cada uno de ellos, distinguiendo entre días de ingreso en planta y días de ingreso en UCI", relata el texto.
Asimismo estipula que por los pacientes con diagnóstico principal Covid derivados a la privada los centros tendrán derecho a una compensación de 734,25 euros por paciente y día, mientras que en la UCI se eleva a 2.084,89 euros.
Esta medida se extenderá hasta el 28 de febrero, pudiendo prorrogarse en caso de ser necesario. La Comunidad de Madrid tiene una incidencia a 14 días de 988,54 casos por cada 100.000 habitantes.
Asimismo, este miércoles el número de pacientes hospitalizados ha registrado un leve descenso tanto en planta, 4.255 (9 menos), como en UCI, 680 (4 menos), con 467 altas hospitalarias en el día de ayer. En cuanto a los pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria, estos han disminuido también, hasta 11.437 (7.923 menos).
LA ADSPM ACUSA DE PRIVATIZAR LA ATENCION HOSPITALARIA
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha acusado al Gobierno regional de privatizar la atención hospitalaria y de "incrementar los precios a pagará al sector sanitario privado por los enfermos que ingresen con Covid-19".
Según la ADSPM, "los precios fijados por la Comunidad de Madrid son significativamente mayores que los establecidos por la propia patronal de empresas privadas en marzo de 2020 y por lo tanto suponen un sobrecoste para el sistema publico y un aumento desproporcionado de los beneficios para las empresas privadas".
"La Comunidad de Madrid continúa con su política de aprovechar la pandemia para privatizar el sistema sanitario y descapitalizar la Sanidad Pública", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que entre 2010 y 2018 se cerraron 1.600 camas y que existen espacios sin abrir en los hospitales públicos madrileños.
En concreto, ha recalcado que la tercera planta del hospital de Vallecas, la cuarta torre del Infanta Sofía y el antiguo hospital Puerta de Hierro "no se han abierto ni adecuado en este tiempo".
LA PATRONAL DE LA PRIVADA INSTA A LAS COMUNIDADES A ALCANZAR ACUERDOS ESTABLES
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha instado a las comunidades autónomas a "no perder más tiempo" y alcanzar "acuerdos estables de colaboración", tras acordar en el día de ayer sendos marcos estables de colaboración en las regiones de Andalucía y Madrid, con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria y la diversa presión asistencial que sufren cada uno de estos territorios.
La Comunidad de Madrid, a través de la orden 64/2021 de 27 de enero de la Consejería de Sanidad, adopta la "puesta a disposición de determinados establecimientos sanitarios privados y su personal, en el marco de medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por Covid-19".
La Junta de Andalucía ha anunciado que sumará a sus recursos los de la sanidad privada, tanto para atender casos de coronavirus como de otras patologías, dada la situación límite en la que se encuentran la mayor parte de los hospitales de la red pública andaluza.
El acuerdo con la Junta establece que cuando las derivaciones de pacientes afectados por coronavirus obliguen a modificar la programación establecida en los centros privados se paralizarán únicamente las intervenciones no urgentes que requieran UCI y aquellas que requieran más de tres días de hospitalización.
El acuerdo para el uso conjunto de medios alcanzado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Asociación de Empresas Sanitarias de Prestación Asistencial de Andalucía, patronal de la sanidad privada en la comunidad, permitirá derivar a sus centros hospitalarios a pacientes que en la sanidad pública no tienen cabida ante la elevadísima ocupación generada por Covid-19.
En el mismo se establecen una serie de tarifas en función de si se trata de camas convencionales, camas UCI y camas UCI-covid y que la Consejería se compromete a sufragar con el fondo covid que el Gobierno andaluz ha destinado para paliar los efectos de la pandemia.
Estos acuerdos que regulan el traslado de pacientes a la sanidad privada se suman a otros similares ya alcanzados en la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Canarias y País Vasco, además de Cataluña y Navarra, que ya han enviado pacientes con coronavirus a hospitales privados.
"URGE UN ACUERDO MARCO PÚBLICO-PRIVADO NACIONAL"
Aún así, la patronal sigue reclamando un plan de trabajo público-privado para toda España e insta a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, a corregir la ausencia, hasta ahora, de una estrategia nacional. ASPE insiste en que la respuesta asistencial público-privada debería contemplar dos principios básicos: "marco estable para todo el territorio y aplicación flexible de protocolos de colaboración adaptados a la situación particular de incidencia Covid en cada territorio".
"El establecimiento de unas bases claras para un uso racional de todos los medios del Sistema Nacional de Salud es el mejor mecanismo de prevención que podemos adoptar frente a una crisis de esta envergadura. Creo que lo que estamos pidiendo es algo totalmente lógico: un plan de trabajo claro y transparente, que nos permita reducir el tremendo impacto negativo de la pandemia tanto en nuestros centros como en la sanidad pública", señala el presidente de ASPE, Carlos Rus.
En cualquier caso, ASPE insta a las comunidades autónomas a "no perder más tiempo" y "alcanzar acuerdos estables de colaboración que eviten la intervención de la sanidad privada sin tener a priori definida la contraprestación". El impacto económico de la intervención de los centros sanitarios privados durante el primer estado de alarma en abril de 2020 ha provocado hasta el momento el cierre de alrededor de 3.000 centros sanitarios sin internamiento en toda España y una deuda estimada de aproximadamente 250 millones de euros.
Desde la sanidad privada se hace igualmente hincapié en la importancia de evitar la desprogramación generalizada de las intervenciones no urgentes y retrasar solo aquellas que requieran UCI o un ingreso hospitalario posterior de más de 3 días.
"De nuevo es importante en este sentido la existencia de un acuerdo que permita flexibilizar la gestión de los recursos en base a la emergencia que se vive en cada territorio y no aplicando una obligatoriedad única. La patronal considera que solo podría asumirse una desprogramación parcial de las intervenciones que requieren UCI y en aquellas zonas de gran incidencia en las que sea necesario y en un momento concreto, ya que hay muchas otras enfermedades distintas al coronavirus y pacientes que han de ser tratados", concluyen.
FACUA: ES UNA "MAYUSCULA TOMADURA DE PELO"
Facua Madrid ha considerado una "mayúscula tomadura de pelo" que la Comunidad de Madrid haya ordenado la derivación de pacientes por Covid-19 a la Sanidad Privada pese a la reciente inauguración del Hospital Enfermera Isabel Zendal que, según la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, iba a ser un "pulmón asistencial" para el sistema sanitario.
"Facua Madrid considera inconcebible que la Comunidad de Madrid tenga que utilizar centros sanitarios privados para descongestionar la sanidad pública apenas un mes después de la inauguración del Isabel Zendal", han subrayado, después de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, firmara la Orden para poner a disposición del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) los centros sanitarios privados para luchar contra la pandemia.
Así, ha criticado en un comunicado que el Gobierno regional "siga en la línea" de destinar recursos públicos a la sanidad privada, en lugar de "apostar por el refuerzo de la pública", aumentando las plantillas sanitarias, abriendo las camas hospitalarias que sean necesarias y solventando "de manera urgente las deficiencias" que se han puesto de manifiesto en el Zendal.
La organización ha destacado que, en caso de que fuera "imprescindible" utilizar los recursos de la Sanidad Privada, estos deben estar "al servicio de la pública, de manera que cuente con la dotación necesaria y sin que esto suponga en ningún caso que los centros privados pueda obtener beneficios de esta situación".
Por ello, ha considerado que debería existir una referencia del coste que supone atender u hospitalizar a un paciente con Covid-19 en la sanidad pública, así como de las precios que se están fijando en los centros privados que se van a utilizar para la derivación de pacientes, "para conocer si realmente se están utilizando costes reales o se inflan las cifras en beneficio de un negocio privado".
Por último, Facua ha considerado que el Ministerio de Sanidad debería cr