La Audiencia de Madrid juzgará este viernes al exgente del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares Sebastián R. P., la persona que desde 1991 hasta 2012 prestó sus servicios como jefe de Administración y gerente de esta institución por la presunta comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos.
El acusado se enfrenta a una petición fiscal de siete años de cárcel por malversación de caudales públicos. Sebastián R. fue el administrador único de Serodanda S.L. en dos etapas distintas: desde 1993 hasta 2009 y la segunda entre los años 2012 a 2014.
La Fiscalía explica que este colegio es una corporación de Derecho Público "que tiene el mandato legal de regular y organizar a través de las Juntas de Gobierno los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas".
Del mismo añade que está obligada a garantizar su prestación continuada "atendiendo a los criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de fondos públicos puestos a su disposición".
Para ejercer dichas funciones el colegio de abogados percibía subvenciones tanto por parte del Ministerio de Justicia como de la Comunidad de Madrid con cargo a dotaciones presupuestarias para la implantación y prestación de asistencia jurídica.
Así, que para hacer efectivos estos servicios, el acusado abrió cuatro cuentas corrientes en una entidad bancaria. Las cantidades de dinero recibidas eran la "fuente de ingresos" que se destinaban a abonar los servicios de asistencia jurídica que prestaban los profesionales.
Sin embargo, entre 2003 y 2009 Sebastián R. se dedicó presuntamente a transferir dinero de esas cuentas a otras que tenía abiertas a su nombre sin que dichas cantidades "se correspondieran con ningún pago o derecho que el acusado debiera percibir del ICAAH".
Lo hacía mediante remesas ocultas en otras que obedecían a pagos a letrados o mediante transferencias directas que debería haber cobrado el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.
En total, y gracias a las claves de acceso que tenía para realizar operaciones bancarias vía internet, se le acusa de embolsarse a su cuenta personal 23.585,36 euros y otros 97.248,60 euros a la cuenta de Seroanda S.L., de la que era administrador único.