GETAFE

Hernández y Torres, una guerra de 6 millones de € para el `Geta´

Miércoles 03 de febrero de 2016
La alcaldesa ha dado por suspendidas las negociaciones con el Getafe C.F sobre el nuevo convenio, después que el club le reclame que abone la cantidad fijada en una sentencia que no es firme

El Ayuntamiento de Getafe ha suspendido las negociaciones con el Getafe CF sobre el nuevo convenio al pretender el club que el Consistorio le abonase 6 millones de euros de una sentencia que no es firme y que establece el pago de 1,5 millones correspondientes a los últimos cuatro años de subvención municipal fijados en el anterior convenio que se firmó en 2010.

Al respecto, la alcaldesa Sara Hernández ha manifestado en rueda de prensa que dan por suspendidas las negociaciones porque el Getafe CF pretende que el Ayuntamiento abone la cuantía fijada en una sentencia que no es firme.

Asimismo ha señalado que el Ayuntamiento no puede pactar porque gestiona dinero público y debe recurrir una sentencia que "el Getafe CF también ha recurrido, ya que entienden que no se les debe abonar 1,5 millones por año sino 3,5 millones".

Según Hernández, el Ayuntamiento había propuesto al club un convenio que contemplaba la cesión exclusiva del estadio Coliseum Alfonso Pérez y la Ciudad Deportiva durante ocho años, atendiendo a las necesidades de la entidad de tener estabilidad en el desarrollo de su proyecto.

Como contrapartida, el Getafe CF tenía que sufragar los suministros, construir un campo de fútbol de cesped artificial en el barrio de El Bercial, y llevar a cabo patrocinios de eventos culturales, deportivos y sociales por 50.000 euros.

El Ayuntamiento también se comprometía a trasladar al Pleno municipal futuras fórmulas de gestión de las instalaciones deportivas mediante adjudicación o incluso de venta.

La alcaldesa ha explicado que esta propuesta se ha mantenido en numerosas reuniones hasta finales de diciembre de 2015 cuando se notifica la sentencia y el Getafe CF "solo plantea la firma del convenio hasta que exista resolución judicial firme, además del cobro de la cuantía de la sentencia, pero el gobierno no puede pactar ni negociar con el dinero que es público".

Por último, ha advertido de que se tiene que regularizar el uso de las instalaciones porque no se puede permitir por más tiempo que se sigan utilizando sin tener amparo jurídico.


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