Según consta en la querella que ha dado origen a este procedimiento, el alcalde con intención de humillar a Lope Benavente de Blas "procedió a incoarle diferentes expedientes disciplinarios sin acompañar informes técnicos", ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El Ministerio Público, que no acredita la existencia de ilícito penal en los hechos que contiene la querella, solicita la libre absolución. Mientras, el querellante pide diez años de inhabilitación para cargo público por cada uno de los dos delitos de prevaricación administrativa que se le atribuye así como tres años de inhabilitación para cargo público por cada uno de los dos delitos de falsedad en documento público, de los que le acusa.