CC.OO. ha avanzado que recurrirá ante los Tribunales de Justicia la contratación el próximo curso de 1.800 ciudadanos nativos en lengua extranjera en caso de vulnerarse cualquiera de los aspectos expuestos o algún otro de la legislación laboral y educativa española. En un comunicado, el sindicato se pronuncia así después de conocer que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a esa medida, que CC.OO. rechaza al considerar que está "al margen de la legalidad" y que ha llevado tanto al Ministerio Fiscal como a la Inspección de Trabajo en anteriores ocasiones. Al respecto, recuerda a la Consejería que para ejercer tareas propias a la profesión docente en centros es "necesario superar" en España procesos de concurso-oposición sometidos a los criterios de igualdad, merito y capacidad. También señala que el profesorado extranjero puede acceder a la docencia en centros públicos a través de concursos oposición que les convertirán en funcionarios si son nacionales de países de la Unión Europea y en personal laboral docente si han nacido en terceros palíese. Así lo establece, tal y como recalca CC.OO., la normativa española y europeas que los Gobiernos españoles están obligados a cumplir así como los Tratados y Acuerdos ratificados por España. Apunta además que para dar clases es necesario acreditar el dominio de la lengua oficial del país, en este caso el castellano. "Es irracional, injustificable y fuera de toda lógica educativa que se pretenda incorporar profesorado que desconoce la lengua, la cultura y el currículo español", asevera el sindicato. Aparte, advierte que el profesorado de nacionalidad española "no podrá ser discriminado" por el hecho de serlo en el momento del acceso a plazas en puestos docentes en los centros públicos de la Comunidad ni en lo relativa a las pruebas de acceso que se les exigen ni en lo relativo a los requisitos que han de acreditar. También apunta que existe un convenio en vigor para todos los trabajadores y trabajadoras de las administraciones pública con contratación laboral que no son funcionarios y "realizar contrataciones fuera de ese convenio es una actuación al margen de la legislación vigente".