Jueves 02 de octubre de 2014
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Juan Antonio Gómez-Angulo, ha manifestado que no se acometerá ningún procedimiento sancionador a la empresa de mantenimiento de los túneles de la M-30 por deficiencias detectadas en los sistemas de seguridad mientras el PSOE persista en la judicialización los hechos referidos al incendio en el pozo de ventilación número 4 del by-pass de la circunvalación, en el que fallecieron dos usuarios de la entidad.
En el Pleno municipal, Gómez-Angulo ha indicado que no se iniciará proceso sancionador hasta que el juzgado de Instrucción Número 21 de Madrid resuelva la causa, pues el PSOE ha recurrido el sobreseimiento inicial.
Así lo ha manifestado Gómez-Angulo durante el debate de una proposición del PSOE que solicitaba la disolución de la sociedad Calle-30, la liquidación del contrato con Emesa por graves incumplimientos de contrato y que se depuren responsabilidades en la cúpula directiva de Calle 30 por las deficiencias detectadas de los sistemas de emergencia y anti-incendios.
Durante la votación, se ha producido un empate entre votos a favor y en contra de la iniciativa dado que, en el momento del sufragio, algunos ediles del PP no estaban presentes en el Pleno. Ello ha motivado que se haya vuelto a repetir la votación y, en esta ocasión, la proposición ha sido rechazada con los votos de los 'populares'.
El delegado ha cargado contra el PSOE al entender que su actitud en este caso pretende hacer un "proceso inquisitorial" contra el Ayuntamiento y Calle 30 y ha acusado a la proponente de la iniciativa, la edil Ruth Porta, de padecer "fruición" procesal.
Al respecto, ha recalcado que no se va a proceder a la disolución de Calle 30 y que, de momento, no habrá procesos de sanciones y, en ningún caso, como lo propone el PSOE. También cree "injustificable" las "sospechas" que han vertido los socialistas sobre el papel del Ayuntamiento en este asunto.
Además, Gómez-Angulo ha recalcado que el auto de sobreseimiento establece que no hubo nexo causal entre la muerte de los operarios y la situación de operatividad de los sistemas de seguridad, a la vez que ha reiterado que en ningún momento hubo riesgos para los usuarios de la M-30.
LA "FRUICIÓN PROCESAL" DEL PPSOE IRÁ CONTRA EL DELEGADO SI NO ACTÚA
Por su parte, Porta ha acusado al delegado de una "huelga de brazos caídos" al no depurar responsabilidades por las deficiencias detectadas y le ha advertido que, si mantiene esa actitud, dirigirá la "fruición procesal" aludida anteriormente hacia su persona.
Además, ha manifestado que el PSOE está personado en la causa y que el juzgado ha optado por el sobreseimiento dado que se ha alcanzado, según ha dicho, un acuerdo económico entre los familiares de los fallecidos y Emesa cuyo importe "desconocen" los socialistas.
PORTA: ¿POR QUÉ SE ACTÚA CONTRA DIVIERTT Y NO EN ESTE CASO?
En este sentido, ha censurado que el Ayuntamiento opte por no tomar acciones de sanción por las deficiencias localizadas en ese caso hasta que no exista una sentencia firme del proceso, que a su juicio puede tardar varios años. Al respecto, ha indicado que el Consistorio debe responder por qué aquí no actúa y sí lo hace en el caso de la empresa Diviertt, organizadora de la trágica fiesta de Halloween del Madrid Arena, con la apertura de expedientes sancionadores.
A juicio de Porta, el hecho de no tomar ahora ninguna medida contra directivos ni contra Emesa indica que "algo huele mal" entre la relación de esta entidad con el Ayuntamiento y arroja dudas sobre los "verdaderos intereses" que rigen la relación con la sociedad de conservación de las instalaciones.
La edil socialista ha aseverado que Emesa ha incurrido en graves incumplimientos de contrato y ha censurado que Emesa, pese a este comportamiento, haya obtenido más de 20 millones de euros procedentes de Calle 30. Por tanTo, ha instado a la resolución de dicho contrato aplicando el régimen de penalidades del pliego de condiciones.
Por su parte, la concejal de IU Raquel López ha avanzado también que su formación reclamará responsabilidades por los incumplimientos del pliego de condiciones del contrato por parte de Emesa en el seno de la Comisión de Vigilancia de Contratación y ha señalado que no entiende por qué no se liquida dicha relación contractual si la prestadora del servicio "no cumple" y "pone en riesgo la seguridad" de los usuarios.
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