Jueves 02 de octubre de 2014
El Tribunal de garantías ha actuado en este asunto de forma idéntica a lo que resolvió el pasado día 15 en relación con la misma medida que se aplicaba en Cataluña, que también quedó suspendida.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite recurso del Gobierno central contra el euro por receta en la Comunidad de Madrid , lo que supone dejar en suspenso el cobro del gravamen mientras se resuelve sobre el fondo del asunto.
El Tribunal de garantías ha actuado en este asunto de forma idéntica a lo que resolvió el pasado día 15 en relación con la misma medida que se aplicaba en Cataluña, que también quedó suspendida.
Según el artículo 161 de la Constitución, el Gobierno puede impugnar ante el TC decisiones de comunidades autónomas, lo que se traduce en su suspensión durante 5 meses, transcurridos los cuales el tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras sigue estudiando el fondo o bien la levanta.
Además, el tribunal ha admitido también el recurso contra el euro por receta en Madrid presentado por un grupo de senadores del PSOE.
El pasado 11 de enero el Gobierno acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional el cobro de un euro por receta médica en la Comunidad de Madrid.
El Gobierno ha considerado que el euro por receta grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma y así vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica.
En su dictámen del 17 de enero, y en el mismo sentido que hizo con este asunto en relación a Cataluña, el Consejo de Estado ha determinado que la implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid es inconstitucional.
En su escrito, el Consejo de Estado consideraba que la aplicación del euro por receta "es competencia exclusiva del Estado, en relación con las bases y coordinación general de la sanidad y con la legislación con los productos farmacéuticos" establecido en la Constitución.
El dictamen del Consejo de Estado, solicitado por el Ejecutivo, recogía los votos particulares de los consejeros Enrique Alonso, Fernando Ledesma y María Teresa Fernández de la Vega, quienes se han pronunciado en contra de la decisión mayoritaria.
Por todo ello, ha determinado que la tasa implantada por la Comunidad de Madrid invade las competencias atribuidas al Estado.
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