Jueves 02 de octubre de 2014
El juez ha tenido que esperar durante más de 40 horas la notificación oficial sobre los arrestos
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido a la Policía una providencia en la que le informa que los delitos que se imputan a los 35 detenidos en la protesta ante el Congreso de los Diputados no son competencia de la Audiencia Nacional e insta a las Fuerzas de Seguridad del Estado "que actúe en consecuencia".
El magistrado, que ha recibido un atestado por la comisión de delitos por parte de los arrestados de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos toma en el escrito "conocimiento de la detención" y especifica que ninguno de los delitos "son competencia de la Audiencia Nacional".
El juez ha dictado la providencia tras esperar durante más de 40 horas notificación oficial sobre los arrestados y los delitos que indiciariamente iba a imputarles la Policía. Los Juzgados ordinarios de Plaza Castilla --sede en la que deberían prestar declaración en función de la acusación que pesa contra ellos-- aún no han sido informados, indican fuentes jurídicas.
LOS ABOGADOS DE 27 DETENIDOS PRESENTAN UNA QUERELLA POR DILACIÖN INJUSTIFICADA
Los abogados representantes de veinte de las personas detenidas en la movilización ante el Congreso de los Diputados han interpuesto este jueves una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla por dilación injustificada en la puesta a disposición de las personas privadas de libertad.
Según explican los letrados en un comunicado, la denuncia especifica que, a pesar de que la policía científica procedió a tomar la filiación de los detenidos y que a todos se les ha tomado declaración con presencia letrada, los detenidos "permanecen privados de libertad sin justificación alguna".
Los 35 arrestados fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz a lo largo de la noche y sus letrados les asistieron a lo largo de la jornada de ayer, finalizando la última asistencia pasadas las siete de la tarde.
A pesar de que el instructor informó a los letrados de que los detenidos serían puestos a disposición judicial este jueves por la mañana, los detenidos permanecen todavía en la comisaría de Moratalaz, sin que se tenga constancia oficial de su destino final.
El comunicado recuerda que muchas de las personas detenidas presentaban numerosas lesiones y requirieron asistencia sanitaria, e incluso hospitalaria.
"Las continuas declaraciones que, desde la tarde de ayer, se han formulado por parte del Ministerio del Interior y Delegación de Gobierno en relación a posibles imputaciones de delitos contra las instituciones del Estado o las menciones a la posibilidad de unirlo al procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, son las que parecen haber generado el marco de indeterminación sobre la competencia jurisdiccional a la hora de tomar declaración a las personas detenidas", indican los letrados.
La nota acusa a la Policía de estar llevando a cabo una "instrumentalización política de la causa, que persigue la criminalización de la protesta" y genera consecuencias para las personas detenidas, que no están recibiendo las garantías procesales a las que todo ciudadano tiene derecho.
Esta forma de proceder infringe la previsión del artículo 17.2 CE de que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, indican.
LOS POLICIAS RESPONSABILIZAN A INTERIOR
Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han cargado este jueves contra el Ministerio del Interior al que culpan de la confusión creada en torno a los delitos de los que se acusa a los detenidos en el 25-S. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuran al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentan lo que ven como un nuevo caso de aceleración verbal por parte del Ministerio.
"El proceso de Interior ha sido ir al Código Penal, ha buscado un delito que les viniera bien y eso no encaja", ha denunciado en declaraciones a Europa Press el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien cree que "Interior, en esta estrategia lo está haciendo bastante mal".
"Para acusar de un delito tan grave como un delito contra los altos organismos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes", ha añadido. A su juicio "no se puede acusar así, linealmente de un delito tan grave".
En la misma línea se ha manifestado el secretario general de la CEP, Ignacio López quien cree que "una vez más" Interior "peca de no haber mantenido un prudente silencio o haberse remitido a los profesionales de la policía que son los que tienen que determinar el alcance de las acusaciones". Según ha dicho, "es una falta de respeto hacia la Policía y la ciudadanía anunciar por anticipado una posible imputación y que después no se haga".
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