Jueves 02 de octubre de 2014
El debate sobre el número de representantes políticos que deben estar presentes en cada una de las administraciones ha ido adquiriendo relevancia desde que Esperanza Aguirre, tras recortar un 10% el salario de los diputados de la región, pusiera encima de la mesa la posibilidad de reducir de 129 a 66 las señorías que se sienten en la Asamblea de Madrid la próxima legislatura.
El populista brindis al sol de la presidenta, difícil, casi imposible de materializarse dada la necesidad de contar con el respaldo de tres tercios de la cámara madrileña (PSOE e IU ya se han posicionado en contra), ha abierto un amplio abanico de propuestas de cara a limitar el coste que la clase política supone para el bolsillo de los ciudadanos.
Dando réplica a Aguirre, que dicho sea de paso no ha hecho más que recoger el sentir de la calle, ha intervenido el mismísimo Rajoy que ha dicho que nones a la propuesta de la lideresa. Otro prócer de la política, el ex presidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, José Bono, se muestra mucho más permeable a la iniciativa de la presidenta madrileña en aras de que los políticos den ejemplo, claro que él no cobra en estos momentos del erario público y por tanto no le duelen prendas, o si se prefiere el bolsillo, a la hora de apoyar una propuesta de este tipo.
Cerrando filas con la lideresa, algunos alcaldes-diputados como es el caso del regidor de Getafe. Juan Soler, que no sólo aplaude el órdago de su presidenta, si no que le incrementa reclamando que los diputados regionales no tengan sueldo y “vuelvan a un sistema de dietas. El objetivo de tales gestos, asegura el mandatario getafense, no es otro que volver a prestigiar una vida política que por fin parece que son conscientes que se encuentra bajo mínimos.
Otro alcalde popular ha ido más allá al querer aplicar la receta de Aguirre en el ayuntamiento que preside, que no es otro que el Consistorio de Torrejón de Ardoz, en los últimos años en el ojo del huracán por la gestión de su antecesora, la socialista Trinidad Rollán, absuelta finalmente de un delito de prevaricación.
El mandatario torrejonero, Pedro Rollán, quiere ahora dar lustre a su mandato y ganarse la confianza de sus ciudadanos aprobando en un pleno la supresión de 14 de los 27 concejales con que cuenta la corporación, que de prosperar su moción quedaría reducida a 13 ediles la próxima legislatura.
Una medida más, argumenta, para reducir el gasto del erario público, al que ya ha restado el coste de los móviles de la corporación, cuya factura abona cada edil. Cierto es que desde el PP no han tardado en enmendarle la plana, advirtiendo que ningún ayuntamiento tiene potestad para determinar el número de sus concejales, claro que con su guiño de austeridad Rollán, además de ganarse su minuto de gloria mediática, ha escenificado ante la opinión pública el espíritu de “sacrificio” que preside su gestión.
Más pegada a la realidad de lo posible es la propuesta de UPyD que ha pedido en la Asamblea de Madrid a Esperanza Aguirre que reclame al Gobierno la “homogenización” los salarios de alcaldes y concejales, para que ninguno de ellos cobre más que un cargo autonómico o estatal, algo que Mariano Rajoy anunció que haría para sofocar la creciente “desafección ciudadana”.
La impunidad con que algunos regidores, apoyados en muchos casos, hay que decirlo, por los grupos de la oposición, han fijado sus salarios y los del resto de miembros de la corporación ha provocado que algunos de ellos sobrepasen la nómina del presidente del Gobierno.
En la Comunidad de Madrid hay sobrados ejemplos de ello. Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas), Jesús Gómez (Leganés) o José Ignacio Fernández Rubio (Las Rozas) pueden alardear de superar el salario de Rajoy, al percibir entre 80 y 95 mil euros al año. El silencio que en muchos casos guardan los partidos de la oposición es entendible si se tiene en cuenta que los portavoces de los grupos superan los 50.000 euros anuales.
Medidas para “respetar los recursos de los contribuyentes” hay mil, tan es así que la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entonces presidida por Pedro Castro, ya aprobó en el 2009 un Código de Buen Gobierno Local que incluía recomendaciones para fijar los salarios de los munícipes, pero por el momento todo ello no ha pasado de ser papel mojado. Es más, algunos regidores ya han salido a la palestra para decir que si el Gobierno regula las retribuciones municipales cercenará la autonomía de los consistorios.
El debate como se ve esta abierto, también internamente en los partido, pero no va a ser fácil meter en vereda a algunos ayuntamientos convertidos en consistorios-cortijos de quienes los presiden.