LEGANÉS

La oposición se une para "tumbar" la decisión del alcalde de ceder terreno municipal a un colegio concertado

Logran que los servicios jurídicos municipales inicien una investigación "jurídica" para paralizar el acuerdo de Junta de Gobierno

Jueves 02 de octubre de 2014
Los quince concejales de los grupos de la oposición en Leganés (PSOE, IU y 'Unión por Leganés') han hecho prosperar este viernes en Pleno una moción para solicitar a los servicios jurídicos municipales una investigación "jurídica" para estudiar la legalidad de una cesión de 26.400 metros cuadrados de suelo público a la Comunidad de Madrid para la construcción de un colegio concertado, decisión que se adoptó en Junta de Gobierno a pesar de que, el pasado 14 de febrero, los tres grupos sumaron sus votos para pedir la reversión de la parcela al Ayuntamiento frente a los 12 del Partido Popular. En este sentido, los portavoces de ULEG y del Grupo municipal Socialista, Carlos Delgado y Rafael Gómez Montoya, respectivamente, han planteado que la cesión no sería "conforme" a derecho al haber vulnerado presuntamente la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y la Ley de Haciendas locales, algo que el Gobierno local (PP) ha negado al asegurar que hasta cuatro informes de diferentes departamentos municipales han validado la operación. Delgado ha planteado que "las competencias de la Junta local no fueron ejercidas conforme a derecho" porque se han incumplido la ley del Suelo y de Haciendas locales. En este punto, ha explicado que no existe un "registro del patrimonio del suelo", que los "ingresos afectados" (que procederán del canon que se cobrará a la adjudicataria) no aparecen reflejados en el Presupuesto municipal de este año y que "se ha burlado el control de Pleno". Sobre la Ley de Bases del Régimen local, Delgado ha precisado que se ha vulnerado el artículo 122 donde se dice que "el Pleno es el órgano de máxima representación política en el Gobierno municipal" y que es su competencia el control y "fiscalización" de los órganos de Gobierno. En cuanto a la Ley del Suelo, ha concretado que ésta "establece como exigencia legal que exista un registro de explotación del patrimonio municipal del suelo", que no existe en el municipio. Además, ha apuntado que el expediente de cesión del terreno no ha contado con "exposición pública" ni con "periodo de alegaciones". Entretanto, el exalcalde y portavoz del PSOE, Rafael Gómez Montoya, ha precisado que se requiere una "investigación jurídica" de la cesión, al apuntar a presuntas irregularidades. En este sentido, ha asegurado que no le consta que exista "convenio" entre el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid, así como que el expediente carezca del informe obligatorio de la Comunidad de Madrid, que se habría sustituido por el informe de un "asesor de Educación". Al mismo tiempo, ha recordado que el pliego de condiciones contempla en una de sus cláusulas la posibilidad de que en las parcelas de Arroyo Culebro se construya "un instituto privado o incluso una universidad privada". En cuanto a los aspectos económicos, Gómez Montoya ha preguntado que si las parcelas cedidas están valoradas en "32 millones de euros y el Ayuntamiento va a sacar un beneficio de 9 millones (entre el ahorro de mantenimiento y el canon), ¿quién va a ganar los 22 millones de euros restantes?". TRÁMITE "IMPECABLE", SEGÚN EL PP Mientras, el portavoz del Grupo municipal Popular, Juan Manuel Álamo, ha defendido, en su intervención, la legalidad del proceso. "No cabe el más mínimo resquicio de duda legal, y si cabe, habrá un sitio en el que resolverse", ha precisado tras manifestar que el trámite "legal" seguido ha sido "impecable". Álamo ha replicado, ante el posicionamiento de ULEG, que "es absolutamente legal la cesión de superficie entre Administraciones". Al mismo tiempo, ha cuestionado a los grupos de la oposición por intentar "gobernar" desde la oposición y oponerse al Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que habilitaría a la Junta de Gobierno a la cesión de la parcela. Así, tras acusar a los tres grupos de "invadir la soberanía", les ha responsabilizado de hacer lo que hacía el exalcalde de Marbella Jesús Gil: "Utilizar la mayoría para acallar al resto". Tras ello, la Interventora municipal, L.M.S., ha tomado la palabra para dar respuesta a los planteamientos de PSOE y ULEG. Así, ha explicado que los ingresos por el canon no aparecen en el Presupuesto municipal porque no puede presupuestar algo que no tiene. En este sentido, ha garantizado, tras asegurar que lo actualizará, que reservará el dinero entrante para destinarlo únicamente a "gasto de inversión". No obstante, la Interventora ha admitido que no hay un registro de explotación del patrimonio municipal del suelo. "No existe inventario del patrimonio, pero contablemente tenemos obligación de llevar ese registro, y en el presupuesto de 2012 hay un apartado que habla del origen y destino a través de los suelos obtenidos", ha declarado. La funcionaria ha concluido que la "fiscalización" realizada sobre el expediente de cesión "es bastante amplia". Por su lado, el alcalde, Jesús Gómez (PP), ha admitido también la inexistencia de este registro, aunque ha precisado que "no se ha hecho en 32 años" y que la intención de su Ejecutivo es elaborarlo. Además, ha informado de que el periodo de exposición del expediente "no es necesario" en este caso, y ha reiterado que no hay "ánimo prevaricador" alguno en el procedimiento. Sí ha cuestionado, en cambio, que los planteamientos de la oposición suponen poner en cuestión la labor de tres funcionarios habilitados nacionales y del jefe de la asesoría jurídica de apoyo a Junta de Gobierno, que han validado el expediente. "Les aseguro --ha precisado al respecto-- que estos tres habilitados no prevarican ni por su padre". Mientras, el concejal de IU Alarico Rubio ha enfatizado en el carácter político de esta cesión. Así, ha acusado al Ejecutivo de "traicionar a la democracia y a la ciudad de Leganés" al validar la cesión de terreno público "para regalárselo a un centro privado concertado". "Alcalde, cuando se gobierna, se debe hacer con mano izquierda: no se puede hacer y deshacer a su antojo, no se puede darles un cheque en blanco. Deben gobernar con la legalidad del Pleno, deben respetar la democracia y la mayoría de esta ciudad", ha considerado Rubio.

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