05/09/2011.- La actividad política se inicia lentamente en la Comunidad de Madrid y el trabajo parlamentario de la Cámara regional está a la espera de las decisiones de los portavoces parlamentarios, pendientes de que el PP, grupo mayoritario, decida si los asuntos más urgentes, entre ellos, los recortes educativos y el inicio del curso escolar 2011-2012, copan los primeros debates. Antes del inicio de las vacaciones, la Consejería de Educación, liderada por Lucía Figar, adelantó que aplicaría la Ley nacional que regula el funcionamiento y organización de los centros escolares, que establece que lo maestros tienen que impartir 18 horas lectivas semanales y permite que se llegue a 21 de manera excepcional
El Gobierno regional, pensando en el ahorro y contención del déficit presupuestario, tan de moda y que ha llevado a socialistas y populares, con la oposición de muchos grupos políticas y de una buena parte de la ciudadanía, a reformar la Constitución para que nadie pueda burlar esta necesidad ante la crisis. Quizá se debata en la Cámara regional esta reforma constitucional, impuesta y sin contar con los que en pocos meses serán llamados para votar en los comicios generales de noviembre, pero ya no servirá para nada porque cuando el bipartidismo se alía, nadie ajeno a esta modalidad de hoy gobierna el PP y mañana lo hace el PSOE es tenido en cuenta, ni escuchado. Todos menos los que han firmado este acuerdo para tranquilizar a las fieras que son los llamados mercados que todo lo deciden, quieren un referéndum, para que el pueblo decida sobre estos cambios en la Carta Magna, que hasta hace poco era intocable, según decían los que ahora quieren retocarla. Lo quieren IU, UPyD y algunos socialistas, también UGT Y CCOO. Lo que corre más prisa es el inicio del curso escolar, previsto para el 14 de septiembre. Tras tratar de confundir a la ciudadanía, al no aclarar suficientemente que la jornada laboral de un maestro es de 37,5 horas a la semana y que las horas lectivas, que pasan de 18 a 20, son sólo una parte de su actividad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid trata de convencer a todo el mundo de algo que es imposible. Si los que trabajan más horas, dejando de hacer otras tareas, permiten que el número de profesores sea menor, la calidad de la enseñanza perderá calidad, lo que, sin duda, es un insulto a la inteligencia y una contradicción para los que lleven diciendo muchos años que el futuro es invertir en educación para que cuando la crisis se desvanezca, haya más posibilidades de trabajo y formación. El trabajo que antes hacían varios miles de profesores interinos lo desarrollarán ahora los que se quedan trabajando más. Todo para ahorrar unos 100 millones de euros. Seguro que se podría haber sacado de otros gastos de la Comunidad de Madrid que no sirven para mejorar la vida de los madrileños. No se sabe cómo afectará a los alumnos ni a la calidad de la enseñanza, pero ya se sabe que es posible que el 14 de septiembre no todo empiece como estaba previsto. El Gobierno y el PP han tenido todo el mes de agosto para que el Asamblea hubiese debatido este recorte educativo, a pesar de que sus señorías estaban de vacaciones. También podían haber negociado este asunto, en vez de imponer sin negociar, y haber echar mano del tan manoseado consenso, que para tocar la Carta Magna si ha sido posible entre socialistas y populares, tan propensos ambos a abrazarse cuando lo que está en juego no es el futuro de los españoles sino de las finanzas, que luego se reparten dando más a los que todo les sobra y siendo tacaños con los que necesitan de todo.