La delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión, ha anunciado este martes que ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para que valore si la 'procesión atea' convocada por varios colectivos para el Jueves Santo atenta o no contra los valores constitucionales.
Poco antes de su participación en la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), Carrión tendrá en cuenta dicho informe antes de autorizar o no dicha iniciativa "para mayor seguridad de que se van a respetar todos los derechos implicados".
La delegada ha explicado también que los convocantes --entre los que se encuentra la Asociación de Ateos y Librepensadores de Madrid (Amal) y la asamblea vecinal La Playa de Lavapiés-- enviaron el sábado un nuevo escrito "recalificando el acto", puesto que a la marcha ya no la llaman procesión, sino "manifestación".
No obstante, ese nuevo documento llegó sin firma, por lo que los convocantes deben reformarlo. Una vez que lo hagan, la Delegación contará con un plazo para prohibir o no dicha manifestación atea. Si finalmente deciden que no se celebre, lo que se debe hacer de forma motivada, los organizadores podrán recurrir esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por otra parte, Carrión también ha aludido al informe del Ayuntamiento, enviado a la Delegación el 9 de abril, asegurando que también lo tendrá en cuenta a la hora de resolver el asunto. "He tenido la oportunidad en el Día Internacional de los Gitanos de charlar del tema unos minutos con el alcalde de Madrid y no hay ningún problema. Nos vamos a poner de acuerdo seguro y se va a resolver todo como debe ser en un Estado de Derecho", ha indicado.
Las Juventudes Socialistas de Madrid (JSM) han asegurado que el informe negativo del Ayuntamiento de la capital sobre la 'procesión atea' y su denegación si finalmente le compete tal decisión sitúan al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "en la extrema derecha".
Según se establece en el comunicado del Consistorio, la denegación se debe a su "nula contribución al clima de respeto y concordia que los ciudadanos de Madrid merecen y que, en general, se esfuerzan en cultivar, lo cual no llevaría a denegar el uso del espacio público con estos fines espurios".
El secretario general de las Juventudes Socialistas Madrileñas, Daniel Méndez, ha afirmado que "con esta decisión, Gallardón se sitúa "en la extrema derecha autoritaria al prohibir las manifestaciones que no le gustan y acudir y promocionar las que le agradan".
Según Méndez, "ya es cuestionable que una Administración pueda autorizar o no un acto político valorando su contenido y no su mero ajuste al Derecho, pero lo que resulta cínico es prohibir una marcha por no contribuir a la convivencia mientras que el sábado pasado el alcalde paseaba feliz en una marcha con consignas como 'Hay que echar a Zapatero como sea', 'Rubalcaba, a prisión' o 'ZP = ETA', en referencia a la manifestación convocada por la AVT y secundada por el Partido Popular".
Además, Méndez ha dicho que el PP de Madrid "ya ha demostrado que sólo piensa dejar las calles a quienes piensan como ellos" y ha apuntado que en enero se abrió un expediente contra los organizadores del Orgullo Gay por el ruido "pese a que el evento se desarrolló de acuerdo con lo pactado con la Delegación de Medio Ambiente", por lo que ha concluido que
"El señor Gallardón y la señora Botella (delegada de Medio Ambiente de Madrid) emplean tácticas propias de gobernantes autoritarios: prohibir al incómodo, castigar al contrario y promocionar a los fanáticos y eso es algo que una sociedad moderna y abierta como la madrileña no puede tolerar", han agregado.
Por todo ello, Juventudes Socialistas de Madrid ha exigido que la decisión sobre la autorización de esta marcha se tome solo en base a su ajuste al Derecho "y no por motivaciones políticas".
El colectivo HazteOir.org entregará este jueves a las 12 horas a la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, más de 70.000 solicitudes de ciudadanos contrarios a la celebración de la llamada 'procesión atea' el próximo Jueves Santo, por estar convocada "contra los sentimientos religiosos, hecho tipificado como delito en el Código Penal".
Del mismo modo, han anunciado que se va a querellar contra los impulsores de este acto por "reivindicar como referencia imprescindible" la quema de iglesias en el Madrid de los años 30".
Este querella se une a la interpuesta este viernes por la Asociación Estatal de Abogados Cristianos (AEAC) porque consideran que dicho acto ateo "incita al odio y a la violencia, en concurso con delitos de enaltecimiento del terrorismo".