24/02/2011.- Dos sentencias de la sala de lo penal del Tribunal Supremo filtradas a la prensa antes de que incluso se redactaran las resoluciones finales han desatado una guerra sin precedentes en la Justicia española. Se trata de la decisión de absolver a cinco presuntos islamistas de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), acusados de ayudar a huir a los autores de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y de la condena contra el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca por delitos de presentación de una acusación falsa y de estafa procesal cuando era presidente de Banesto.
En la primera, el Supremo sacaba los colores a los jueces de la Audiencia Nacional que instruyeron el caso, Fernando Andreu y Baltasar Garzón, así como a los tres miembros del tribunal que juzgaron a los islamistas, Javier Gómez Bermúdez, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez, que declararon probado que formaban parte de una célula denominada Alkalaa, La Fortaleza, que reclutaba y ayudaba a islamistas relacionados con el 11-M, a pesar de que según el Supremo había indicios de torturas y de escuchas telefónicas ilegales.
En la sentencia sobre esta caso filtrada a la prensa no se recoge, sin embargo, los argumentos de los jueces de la Audiencia Nacional que si analizaban las acusaciones de torturas por lo que da la sensación de que los magistrados del Supremo ni siquiera se la habían leído íntegramente antes de hacer sus consideraciones por lo que en estos momentos la sentencia final ha quedado congelada hasta que se aclaren.
La filtración, en cambio, sirvió para que varios medios destacaran que Garzón "va por ahí denunciando lo de Guantánamo y tenía un Guantánamo en su juzgado!", según un magistrado de la Sala Penal del Supremo al término de las deliberaciones.
En el caso de la sentencia del consejero delegado del Santander, la filtración no solo ha obligado a la Sala del supremo a suspender su publicación, sino que ha desatado una batalla interna por saber quien de ellos ha sido el que lo ha contado a los periodistas, hasta el punto de que se ha abierto una investigación en toda regla de la Sala Segunda del Supremo, obligando a su presidente Juan Saavedra a intervenir directamente para tratar de salvar la situación.
Hasta ahora se sabe que el primer ponente de la sentencia el magistrado José Manuel Maza, proponía la absolución de Sáenz y se quedó en minoría apoyado solo por José Ramón Verdugo, por lo que hubo que recurrir a un segundo ponente, el magistrado Miguel Colmenero, que es el que tiene en la actualidad la difícil papeleta de convencer a todos.