Un exedil de Manzano acepta un año y medio de prisión por malversar en la gestión del Campo de la Naciones
Jueves 02 de octubre de 2014
El ex alcalde de Boadilla del Monte Juan Siguero declarará mañana ante el magistrado Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, por delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias, así como por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor Arturo González Panero.
La citación responde a una providencia dictada la pasada semana en la que el juez Pedreira imputaba a Siguero por los citados delitos. Horas más tarde, el ex alcalde de Boadilla presentaba su dimisión al frente de este puesto.
La resolución especifica que se le imputa como presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios del artículo 442 del Código Penal, prevaricación del artículo 404, de tráfico de influencias del artículo 428, así como posible colaboración como cooperador en los delitos de los que se acusa a Panero.
El ex alcalde de Boadilla afronta una de las fianzas más altas impuestas a los imputados, siendo de 1,8 millones de euros por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad.
Respecto a Siguero, el sumario incorpora un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal denominado 'Informe sobre Boadilla del Monte' en el que se acusa al actual regidor de facilitar a "la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio".
En este informe, la UDEF asegura que Juan Siguero "participa en el diseño de los pliegos ad-hoc para que este concurso (la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla) fuese adjudicado a una de las empresas de la organización".
Además, señala que "existe una negociación previa a la publicación del concurso entre el órgano contratante, representado por Juan Siguero, y el grupo de empresas de Francisco Correa".
Por otra parte, Jorge Barbadillo, concejal en la etapa de José María Álvarez del Manzano al frente del Ayuntamiento de Madrid, ha aceptado una condena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante dos años por un delito de malversación de caudales públicos en la gestión de la empresa municipal Campo de las Naciones cuando ocupaba el puesto de consejero delegado en esta entidad pública.
En el juicio, el Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Municipal Socialista, el fiscal y la defensa del exedil han alcanzado un acuerdo de conformidad con motivo de que el procesado ya ha satisfecho la responsabilidad civil que se le solicitaba en función del dinero que sustrajo de esta entidad.
A la salida de la vista oral, el exconcejal ha mostrado a preguntas de los periodistas su satisfacción por el acuerdo alcanzado, si bien ha manifestado que le hubiera gustado más una absolución por parte del tribunal.
"Estoy muy contento", ha indicado Barbadillo, quien ha subrayado que a su juicio los hechos juzgados no implicaban una responsabilidad penal. "Han sido once años y no había ninguna responsabilidad penal. Han sido muchas esperas y me ha perjudicado", ha manifestado.
La Fiscalía de Madrid solicitaba cinco años de prisión para Barbadillo por un delito de malversación de caudales públicos que supuestamente habría cometido entre 1999 y 2003 en la gestión como consejero delegado de la entidad pública Campo de las Naciones.
En las cuestiones previas, el abogado Mariano Benítez de Lugo, que representa al PSOE, ha planteado la incompetencia del tribunal a juzgar los hechos con motivo de que el delito de malversación de caudales se incluye en las infracciones penales que corresponden juzgar a un tribunal de jurado. Por su parte, la defensa ha alegado cosa juzgada al estimar que los hechos han sido ya juzgado por el Tribunal de Cuentas, que condenó al procesado en marzo de 2010 a pagar 129.000 euros.
Pese a que la Sala ha suspendido la vista oral para deliberar sobre estas cuestiones, las magistradas finalmente no se han pronunciado al alcanzarse un acuerdo entre las partes y el representante del Ministerio Fiscal al haber abonado ya la indemnización fijada conforme a la condena que le impuso el Tribunal de Cuentas en 2010.
En las modificaciones, el fiscal ha rebajado su pena de cinco a un año y seis meses de cárcel al apreciar en el delito de malversación las atenuantes de reparación del daño causado al pagar lo sustraído, así como dilaciones indebidas. Además, ha retirado la indemnización solicitada de 72.000 euros.
MALVERSACIÓN
En el escrito de acusación, el fiscal relata que entre 1999 y 2003 el procesado incorporó a su patrimonio determinadas cantidades de dinero de la Empresa Municipal Campos de las Naciones puso a su disposición para el desempeño de la labor que le había sido encomendada.
De este modo, Barbadillo disponía de dos tarjetas de crédito a su nombre y domiciliadas en la cuenta corriente de la empresa Campo de las Naciones. Así, realizó pagos por importe de 5.693, 85 euros y otros por 61.515 euros, sin que fueran reintegrados a la entidad, según el fiscal.
De igual modo, el ex concejal abonó durante el 2002 gastos personales por un importe de 7.391 euros, cantidad que devolvió en mayo de 2003 tras ser reclamada por la empresa.
Durante este periodo, el procesado recibió de la empresa determinadas cantidades de dinero en efectivo para abonar los gastos de viajes que realizaba por su cargo, "numerario respecto del cual dejó de justificar pagos o efectuó estos en fechas o ciudades distintas a las correspondientes a viajes encomendados por un total de 11.596,95 euros".
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