Anticorrupción solicita el sobreseimiento de la causa de diez imputados, entre ellos la del sastre de Camps
Jueves 02 de octubre de 2014
La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe en el que califica "excesiva" la cantidad de 5'9 millones de euros que la Empresa Municpal de la Vivienda de Boadilla pretende pagar por el rescate de 33 locales municipales y 138 plazas de garaje que adjudicó a una de las empreresas vinculadas a Francisco Correa.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, especifica textualmente que la Fiscalía "se opone" a esta operación en la que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMSV) pagaría 5'9 millones de euros para saldar el préstamo que Artas Consultoría S.A. solicitó para hacerse cargo de los citados locales.
"La suscripción de este inicial contrato podría constituir una infracción penal de lo que derivaría inexorablemente su declaración de nulidad. Estos mismos antecedentes, por otra parte, podrían, en su caso, servir de base a una extinción unilateral, por parte de la propia EMSV con un menor coste para el municipio de Boadilla", especifica la fiscalía.
Al respecto, en declaraciones a Europa Press, fuentes municipales han confirmado que la operación "sigue adelante" porque se trata de un informe de la Fiscalía y no de una decisión del juez Pedreira. "Se trata de una operación supervisada por el juez y a él nos remitimos. La operación sigue adelante si el juez no dice lo contrario", han aclarado.
De este modo, han justificado el rescate de los locales y las 138 plazas de garaje ubicadas en la zona de Residencial Siglo XX en que al tiempo que se recuperan se "impide" el deterioro "derivado de su abandono". "Así evitamos que se convierta en una construcción fantasma en pleno centro urbano y comercial de Boadilla", han puntualizado.
Según el Ayuntamiento, la empresa adjudicataria de la concesión, Artas Consultores, "ha incumplido" diversos puntos del pliego de condiciones establecido. "El Ayuntamiento recupera así esta infraestructura a un precio muy inferior al de mercado. Esta actuación cuenta con los informes favorables de la Intervención municipal y de los servicios jurídicos del Consistorio, y está sujeta únicamente al visto bueno final del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", han subrayado.
Sin embargo, desde el Partido Socialista, su portavoz, Pablo Nieto, ha calificado de "esperanzador" el informe de la Fiscalía porque "defiende el interés general" de los vecinos. Asimismo, ha aludido al infore de la Fiscalía señalando que el rescate tal y como está planteado es "perjudicial" para Boadilla. "El contrato de resolución de la adjudicación goza de una garantía de 2 millones de euros ajena a los inmuebles gravados por la hipoteca que se haría efectiva en caso de impago", ha añadido.
"La operación con las empresas de Correa ya ha causado un grave perjuicio financiero, al municipio, al adjudicar unos locales comerciales cobrando sólo el 10 por ciento de su valor de mercado, y permitiendo además que la empresa beneficiada no pague ni un sólo euro de este mísero canon. Es vergonzoso e indecente que el alcalde de Boadilla Juan Siguero pretenda pagar además otros seis millones de euros a esta empresa relacionada con la trama Gürtel", ha dicho Nieto.
A su juicio, el informe de la Fiscalía "respalda" la propuesta que presentó su partido en el Pleno Municipal para recuperar los locales "sin incurrir en ningún coste adicional" para los vecinos. ¡El Ayuntamiento debe rescindir el contrato y defenderse en los tribunales si la empresa adjudicataria reclama alguna indemnización. Indemnización que en nuestra opinión no estaría justificada al existir un incumplimiento flagrante del acuerdo de cesión por impago del canon estipulado", ha resaltado.
"Ya hemos sufrido bastante vergüenza los vecinos de Boadilla con los comportamientos del gobierno del PP en el municipio. Esta nueva noticia hace aún más urgente la disolución del Ayuntamiento para evitar así que los intereses de los vecinos sigan viéndose perjudicados por un gobierno bajo sospecha e incapaz", ha concluido.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, el sobreseimiento provisional de la causa respecto a diez imputados en el proceso penal, entre los que destaca José Tomás García, conocido por ser el sastre del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el presunto testaferro de Francisco Correa en Colombia, Miguel Uriel Hernández.
En un escrito remitido al magistrado, las fiscales adscritas al caso piden el archivo de la causa que implica al sastre Tomás García; al trabajador Rafael de León Cebreros; a la empleada del abogado Luis de Miguel, María Torres Ribas; al supuesto testaferro de Correa en Colombia, Miguel Uriel Hernandez; y a los empresarios David Carey; Carl Williams; Marilyn Otton; Jasón Williams; Randall Woodward; y Tidie Baez.
Respecto al sastre de Camps, Anticorrupción concluye que "no consta el conocimiento por parte de Tomás García de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".
Según el sumario del caso, Tomás García habría regalado trajes a políticos valencianos que luego pagaba la empresa Orange Market, vinculada a la trama de corrupción liderada por Francisco Correa. Álvara Pérez, alias 'El Bigotes', era el encargado de dirigir la filial de la empresa de Correa en Valencia.
En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, Anticprrupción señala que "a la falsedad documental que se le imputó, según las declaraciones prestadas en esta causa y las unidas por testimonio, determina una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos de ropa en los que aquél trabajó" en relación a sus trabajos en la tienda madrileña Milano y Forever Young.
Asimismo, el escrito recoge que "las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social no 8 de Madrid".
"La fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimíento en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada", señala el escrito.
TESTAFERRO EN COLOMBIA
Por otro lado, el Ministerio Público solicita el archivo provisional del proceso penal que se sigue contra Miguel Urial Hernández, a quien la Policía considera el presunto testaferro de Correa en Colombia.
Según el escrito, no se puede "concluir su conocimiento sobre el origen de los fondos remitidos fuera de España, como evidencia en este último caso, la documentación de 4 de marzo de 2009 relativa al inmueble de Ornella Patricia Penagos Gómez y a la transferencia de 99.750 dólares en el mes de diciembre de 2008".
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