El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha solicitado al ex vicepresidente regional y actual director del Partido Popular (PP) en el Exterior que deje su escaño en la Asamblea de Madrid "y viva de otra cosa y no del partido que acusa de espiarle", aunque ha precisado que esta petición la realiza "a título personal" y no ha hablado con la Dirección del PP nacional sobre el asunto.
"Creo que no tengo que hablarlo con nadie porque es una opinión absolutamente personal y en el ejercicio de mi libertad opino sin necesidad de consultar a nadie ni pedir permiso a nadie. En este partido lo que intento es cumplir los estatutos del partido, cosa que otros no hacen, y dentro de ese marco de convivencia que todos nos hemos dado opino con absoluta libertad de lo que me parece conveniente. Eso es lo que he hecho", proclamó Granados.
Tras la presentación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Vieira, de la Memoria del Tribunal que preside, el secretario general del Partido Popular de Madrid ha recordado que no ha pedido la dimisión de Prada en ningún órgano del partido, sólo que abandone su escaño en el Parlamento regional.
"A título personal reflexioné y entendí que alguien que acusa de cuestiones tan graves como haber sido espiado por parte de la Comunidad de Madrid y que pertenece al Grupo Parlamentario del PP regional que sustenta a ese Gobierno al que acusa, creo que debería dimitir en su acta de diputado", ha manifestado este viernes Granados.
Así, ha reiterado que le parece "absolutamente incongruente que alguien que cree que el Gobierno al que sustenta ese Grupo Parlamentario le ha espiado", en referencia a Prada, se mantenga en él, al tiempo que también solicitó la dimisión del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, de su cargo ejecutivo.
"Las dos personas que así han actuado de manera reiterada en los tribunales pienso que deben dejar su escaño y vivir de otra cosa, y no vivir del partido al que acusan de haberles espiado", ha apostillado.
Por su parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha advertido de que llegará "hasta las últimas consecuencias" para demostrar que existió financiación a través de fondos públicos del espionaje en la Comunidad de Madrid, después de que ayer la juez Carmen Valcarce acordara el sobreseimiento provisional y archivo del 'caso del espionaje'.
La magistrada ha tomado esta decisión al no acreditarse que ninguno de los imputados destinaron los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "de forma principal a actividades ajenas a la función pública", y al considerar que no concurren "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación".
Tras mantener una reunión con agentes económicos y sociales del sector turístico madrileño para poder presentar las propuestas del PSM en materia de turismo, el líder de los socialistas madrileños ha explicado que el PSM va a recurrir la sentencia, y que los servicios jurídicos ya están trabajando en ello, por lo que "el lunes o el martes" la presentarán en los juzgados.
Y es que, según ha señalado, "no están de acuerdo" con la decisión de la jueza, "ya que si llevan más de un año investigando para demostrar lo que ya todos saben, ahora se ha entrado a debatir si se ha financiado o no con el dinero público, quedando claro que ha habido espionaje".
En este sentido, Gómez ha indicado que "justo cuando aparece la declaración de alguien que es esencial, la primera persona que pone sobre la pista cómo se financia con fondos públicos el espionaje, la señora Laviana, no se permite que vaya a testificar y se cierra el caso".
De esta manera se ha referido a la aparición hace un mes del testimonio de Yolanda Laviana, ex mujer del ex director del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y ha añadido que el PSM "va a acudir a instancias judiciales superiores y va a pedir la declaración" de Laviana, "que arrojará luz acerca de lo que ya todos saben, que es la financiación pública del espionaje".
En este sentido, ha afirmado que el PSM "va a solicitar lo que ya ha pedido con anterioridad, que es que, para concretar quién ha utilizado dinero público en el espionaje que ha habido dentro del PP de Madrid, se llame a declarar a la señora Laviana", cuyo testimonio ha considerado "esencial" en este proceso.
Además, ha apuntado que el PSM va a pedir que se consideren como prueba otra documentación como las llamadas llevadas a cabo por el "jefe de los espías", Sergio Gamón.
"Que hay espionaje ya es algo que se sabe, pero no se les ha condenado porque no se sabe si ha sido con dinero público, pero es que esta financiación se ha producido", ha comentado Gómez, que además ha señalado que "hasta el último día del sueldo de Gamón se ha pagado con dinero público".
CONFLICTO INTERNO EN EL PP Según Gómez, cometer espionaje "ya es suficiente para que se tomen responsabilidad políticas, pero si se ha pagado con dinero público es cuestión de justicia social", por lo que ha insistido en que van a ir "hasta las últimas consecuencias y a demostrar esta financiación pública del espionaje" llevado a cabo en la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, en cuanto a las declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en las que solicitó las dimisiones del director del PP en el Exterior, Alfredo Prada, y de la diputada del PP, Rosa Rodríguez, y que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo "pidiera disculpas", Gómez ha señalado que "Granados considera al PSM su adversario político, pero estima que tiene a sus enemigos políticos entre la gente que tiene al lado".
"Cuando un partido está así, es un caso de descomposición interna", ha indicado Gómez, que además, ha señalado que "no sólo los considera sus enemigos políticos, sino que se ha decidido que unos u otros sobran dentro del partido".
En este sentido, ha asegurado que, en cuanto a los conflictos existentes en el PP de Madrid, es mejor no meter la mano, porque se saca el muñón". Por último, ha asegurado ser "muy respetuoso con los conflictos internos que tiene el PP", que ha tildado de "muy dolorosos", por lo que "no va a meter más el dedo en ese tema".
El coordinador general de Izquierda Unidad de la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, ha señalado este viernes que la decisión de la juez Carmen Valcárcel de archivar el supuesto caso de espionaje en la región, al no acreditar malversación de fondos públicos, es un interpretación que "deja bastante que desear" y "muy alejada de la realidad".
En este sentido, el coordinador de IU ha considerado que ha habido hechos que, aunque descartados en el auto, "han sido probados y constatados" y ha recordado que la juez ha dejado sin tomar declaración a personas que podían haber hecho algunas aportaciones "muy significativas", como "la ex mujer de Sergio Gamón, por ejemplo", en referencia a Yolanda Laviana.
Asimismo, ha asegurado que si se ha pagado un salario a personas para hacer un seguimiento a otras, "ha habido utilización de fondos públicos en forma de salario", aunque en cualquier caso, Gordo ha recalcado que respeta las decisiones de los jueces.
El portavoz de IU en la Asamblea ha concluido que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha convertido la Comunidad en "una opereta, propio de los culebrones venezolanos", ya que cree que "se está olvidando de los problemas reales de la gente: el desempleo y la situación social que se está fracturando".
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha afirmado que estará "pendiente de la resolución final" del caso de los presuntos espionajes tanto a su persona como al ex consejero madrileño Alfredo Prada, y ha insistido en que "lo que está probado y nadie discute, y la juez tampoco lo niega, es que los seguimientos se han producido".
Tras conocerse el auto judicial por el que se archiva la causa de los espionajes al no haberse encontrado pruebas de que haya habido malversación de fondos públicos, el vicealcalde ha recordado que las partes personadas en la causa tienen cinco días para decidir si presentar recurso, tiempo que él aprovechará para pensar y decidir con sus abogados cómo actuar.
En cualquier caso, ha subrayado que "lo que está probado y nadie discute, y la juez tampoco lo niega, es que los seguimientos se han producido". "En todo momento ha sido evidente que personal al servicio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha realizado estos seguimientos", ha insistido el edil.
Así, ha recordado que "no solamente un ex guardia civil sino varios hasta altas horas de la noche estuvieron presentes mientras el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada estaba cenando con su mujer, su hija y un amigo".
"Y todos sabemos, los que estamos en este mundo de la política y administración, que Prada tenía para su protección a miembros de la Policía Nacional. ¿Cómo va a tener no uno sino dos o tres ex guardias civiles vigilándole o contravigilándole de forma legal? El seguimiento ha quedado demostrado y ha sido admitido por los propios ex guardias civiles", ha apuntado.
Asimismo, Cobo ha recordado que el auto judicial "da por probado que otra persona que trabajaba en la Consejería, José Manuel Pinto, hizo efectivamente anotaciones en los partes de seguimientos". "Por tanto, esos partes son reales, obedecieron a los seguimientos que se realizaron en 2008", concluye el vicealcalde.
En cualquier caso, ha reconocido que "la calificación jurídica" de este comportamiento debe determinarlo "la administración de Justicia y la juez", aunque ha señalado que este procedimiento judicial tiene "dificultades" que expresa la propia magistrada, que en su auto señala que, "dada la laxitud e inconcreción de las funciones que tenían los imputados no se puede determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente a los posibles seguimientos", según cita el vicealcalde.
"En resumen, los hechos, que son absolutamente reprochables, han sido probados en este procedimiento: el seguimiento realizado por personas sin ninguna competencia o legitimidad para hacerlo. Eso se produjo, y a partir de ahí esperaremos a que se termine definitivamente el procedimiento para saber, en una sentencia firme, cuál es la calificación jurídica que procede a la luz de posibles recursos que se puedan presentar", ha reiterado.
Finalmente, el edil madrileño ha eludido responder a las palabras del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, quien hoy ha vuelto a insistirle en que debe disculparse por sus acusaciones.
En este sentido, Cobo afirmó el pasado mes de mayo sobre este mismo asunto que "quien acude pidiendo que se haga justicia desde luego no tiene que pedir perdón por nada". "Lo que exijo son responsabilidades judiciales a aquellas personas que han cometido un delito, y tengo todo el derecho de hacerlo y lo voy a seguir haciendo diga lo que diga quien lo diga, porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a acudir a los tribunales", aseguró entonces el edil.
Por su parte, el director del PP en el Exterior y ex consejero en la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, ha recordado que el proceso judicial que investiga los presuntos espionajes de los que fue víctima "no ha concluido" y que serán "instancias superiores las que tendrán que revisar" el fallo emitido hoy, en el que se archiva la causa por no haberse encontrado pruebas de malversación de fondos públicos.
Prada, que se encuentra de viaje en Costa Rica, ha explicado que lo único que hizo cuando se conocieron los presuntos espionajes fue "ponerlos en conocimiento de la Fiscalía", que abrió entonces un "proceso de investigación judicial que no está concluido".
"Si la justicia determina que los seguimientos que se me hicieron, que sí han quedado acreditados, eran para darme seguridad o protección, bienvenido sea y si tuvieran otras finalidades y fueran delictivas, será la justicia la que tenga que pronunciarse al respecto", ha señalado.
Además, ha reiterado que, "como víctima", tiene "plena confianza en la justicia y en que sea ésta la que determine lo que ocurrió". "La sentencia de hoy es una decisión del juez instructor que instancias superiores tendrán que revisar, y (yo tengo) plena confianza en la justicia", ha destacado.
Asimismo, ha subrayado que no tiene "ningún interés en politizar" este asunto, sino en que se "diluciden unos hechos que se han deducido ciertos y que se negaron al principio".
Con respecto a las palabras del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, quien este jueves consideró que, "si le queda dignidad", el ex consejero madrileño debería "dimitir del Grupo Popular", Prada ha rechazado "entrar en valoraciones de las declaraciones de Granados ni de ningún otro".
"No lo he hecho en todo este tiempo porque no se trata de una cuestión política sino de dilucidar unos hechos que se han deducido ciertos y que se negaron al principio. Serán los tribunales los que tengan que decidir si estos hechos encajan en alguna tipología penal", ha concluido.