El empleado regional José Manuel Pinto declara hoy por segunda vez en el caso de los espías. En calidad de imputado al empleado de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid
Jueves 02 de octubre de 2014
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoció que en el caso de los espionajes a altos cargos regionales pedirá todas las explicaciones que sean "necesarias" aunque aclaró que las últimas informaciones al respecto, con las declaraciones de la ex mujer del ex director general de Seguridad del Gobierno autonómico Sergio Gamón, se enmarcan en un divorcio "muy difícil".
El diario 'El País' publica hoy las palabras de la ex esposa de Gamón, Yolanda Laviana, que manifiesta que el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, era con quien hablaba con su ex marido de sus averiguaciones que salían de los seguimientos al ex consejero de Justicia madrileño Alfredo Prada, uno de los políticos supuestamente espiados junto con, por ejemplo, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
En declaraciones a TVE, Aguirre aseguró que en ningún momento la ex mujer de Gamón dice que se espiase desde 2006 a Prada por orden de González, aunque así se refleje en uno de los titulares de la noticia, y señaló que esta mujer está teniendo un divorcio "muy conflictivo" donde "hay declaraciones de todo tipo, como ocurre en divorcios siempre".
"Las declaraciones de los divorcios hay que ver que es lo que hay de por medio", apuntó Aguirre, quien recordó que de declaraciones "de divorcio" han salido otros conflictos como "el caso de Juan Guerra". "Me he desayunado esta mañana con esto y son las frases de una señora muy respetable hablando de su marido con el que tiene un divorcio muy difícil", insistió.
En esta dirección, destacó que ella "no juzga" y "mucho menos de un matrimonio". Además, añadió que tiende a ponerse "del lado de la mujer", pero eso, continuó, no significa que porque esta persona en concreto, que fue secretaria personal de la propia Aguirre, diga a un periodista algo "le da presunción de credibilidad".
"Pediré todas las explicaciones que sean necesarias... si alguien ha hecho algo incorrecto, está fuera, lo sabe de sobra y si no dimite, será cesado", añadió, no obstante, al final, cuando los periodistas insistieron a la jefa del Gobierno regional en si va a hacer algo al respecto, aunque sea a raíz de unas declaraciones de este tipo.
Por otra parte, la jueza Carmen Valcarcel, que instruye el 'caso de Espionaje', tomará hoy, a las 18.00 horas, declaración en calidad de imputado al empleado de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid José Manuel Pinto.
En una providencia emitida el pasado 27 de mayo, la jueza explica que la imputación proviene del conocimiento del informe pericial caligráfico sobre Pinto.
Este informe concluye que es el autor material de las anotaciones que aparecen en los partes de seguimiento realizados en abril de 2008 al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y al ex consejero Alfredo Prada.
La prueba pericial se practicó el pasado 28 de abril cuando Pinto acudió a los Juzgados a declarar en calidad de imputado por un delito de malversación de fondos públicos. Días antes, el agente autonómico solicitó a la juez Carmen Valcarcel someterse de forma voluntaria a la citada prueba.
La juez vuelve a llamar de nuevo a Pinto para que aclare su implicación en el delito que se le imputa, puesto que "el informe prueba que tenía conocimiento de los seguimientos". Al parecer, sus anotaciones aparecen en "tres papeles" de los partes de seguimiento.
Según fuentes fiscales, su letra coincide con diversas anotaciones. Una de ellas es la matrícula anotada del vehículo de la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores, una de las supuestas espiadas.
El pasado 28 de abril, Pinto reconoció que se montó un dispositivo de seguridad con anterioridad a 2008 en el domicilio de Prada, del que estaban informados tanto el ex consejero como sus escoltas.
PRUEBAS DE CARGO
La investigación del caso podría finalizar en las próximas semanas. La juez deberá decidir si archiva la causa penal o da traslado a la Fiscalía de Madrid y a las partes personadas para que califiquen los hechos con la idea de sentar en el banquillo a los acusados.
Están imputados tres ex guardias civiles, el ex director de Seguridad de la Comunidad Sergio Gamón, y Manuel Pinto. Todos insisten en sus declaraciones que nunca se siguió a Cobo ni a Prada, ya que su función se limita a la de control de edificios y seguridad de actos oficiales.
La Fiscalía de Madrid cuenta con varias pruebas de cargo que podría sustentar su imputación. Una de ellas sería un informe sobre posicionamientos telefónicos que confirmaría que los tres ex guardias civiles siguieron en abril de 2008 a Cobo.
El escrito determina que los imputados estaban en los lugares donde se vigilaba a Cobo a la misma hora y fecha en la que se refleja en los partes de seguimiento, según apuntaron las mismas fuentes. Otra de las pruebas sería el resultado de la prueba pericial practicada a Pinto, al confirmar su implicación en los seguimientos realizados a Cobo y Prada.
SEGUIMIENTOS A COBO
Este procedimiento arrancó el pasado mayo, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Cobo el 29 de febrero de 2009.
La 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.
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