La Comunidad de Madrid ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en contra del Real Decreto 556/2026, que busca extender el traslado forzoso de menores no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. Esta acción fue conocida por el Consejo de Gobierno y la Abogacía General formalizó el recurso el pasado 1 de septiembre, bajo la dirección de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. El recurso ya ha sido admitido a trámite.
Claves de la noticia
1. Recurso ante el Tribunal Supremo
La Comunidad de Madrid impugna el Real Decreto que prorroga el reparto forzoso de menores no acompañados.
2. Cuestionamiento del sistema actual
El Ejecutivo regional considera que este sistema invade sus competencias en protección de menores.
3. Acciones judiciales múltiples
Madrid mantiene seis acciones legales contra decisiones del Gobierno central en materia migratoria.
Este decreto establece un número específico de menores extranjeros no acompañados que cada comunidad autónoma debe atender dentro de su sistema de protección, continuando con un modelo obligatorio que se inició en 2025. Este mecanismo fue establecido previamente mediante el Real Decreto-ley 2/2025, que también ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades autónomas, incluida Madrid.
La Abogacía General de la Comunidad ha emprendido un total de seis acciones judiciales para desafiar diferentes decisiones del Gobierno central relacionadas con la migración, organizadas en cuatro bloques interconectados.
Desafíos legales adicionales
Además del recurso presentado al Tribunal Supremo sobre el Real Decreto 556/2026, la Abogacía General también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025 y ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025. La Comunidad argumenta que estas regulaciones invaden sus competencias exclusivas en materia de protección infantil y asistencia social, además de cuestionar la validez del uso de un Real Decreto-ley para regular estos asuntos.
El Gobierno autonómico ha llevado a cabo recursos adicionales contra los Reales Decretos 743/2025 y 556/2026, los cuales determinan cuántos menores extranjeros no acompañados deben ser atendidos por las comunidades autónomas. Se sostiene que es inapropiado que el Ministerio establezca esta capacidad utilizando mecanismos previstos en normativas cuya constitucionalidad está siendo impugnada.
Por último, en lo referente a asilo y protección internacional, la Abogacía General también ha recurrido al Tribunal Supremo tras una decisión del tribunal que obligó al Gobierno central a asumir la responsabilidad por los menores solicitantes de asilo presentes en la Comunidad de Madrid. Esta resolución reafirma que corresponde al Estado gestionar su acogida como administración competente en esta área.
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