El Ayuntamiento pide que no se le culpe por la prostitución en Montera

La delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, ha declarado hoy que no se puede culpar solo a los Ayuntamientos ante el problema de la prostitución callejera, ya que opina que es Gobierno el que tiene la mayor parte de responsabilidad.

Ante las quejas de la Asociación "Nuevos Vecinos de Montera", que ha apoyado la propuesta del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, de prohibir la prostitución callejera, la delegada ha expresado "que es un tema muy complejo y que los Ayuntamientos son los que pagan las consecuencias de una situación en la cual no pueden intervenir de forma directa."

La delegada de Familia ha instado a no echar "toda la culpa a los ayuntamientos, que no tiene las soluciones para resolver este problema".

Ha propuesto que "se busque una solución concertada, entre el Gobierno, que a su juicio tiene la mayor parte de la responsabilidad en esta cuestión", ya que puede "modificar las leyes", las Comunidades Autónomas, los consistorios y las asociaciones.

Dancausa ha indicado sobre la prostitución que su "situación jurídica afecta a muchas leyes y la marca de alguna forma el Gobierno".

"Nosotros lo que estamos trabajando es fundamentalmente en la lucha contra la explotación sexual porque sabemos que detrás de cada prostituta hay una persona o una mafia que está explotándola", ha añadido.

Ha dicho comprender la situación de los vecinos de Montera y otras zonas de Madrid y ha lanzado un mensaje sobre las mujeres: "yo creo que a las mujeres, precisamente porque son explotadas, hay que considerarlas como las víctimas y nunca como el problema".

Estas declaraciones se han producido tras la visita a las instalaciones de uno de los centros residenciales para familias monoparentales en riesgo de exclusión social.

Este centro del distrito Moncloa-Aravaca, tiene capacidad para 30 familias, de las que el Ayuntamiento dispone de 15, aunque actualmente residen 24 en total.

Por 60 euros al mes, las familias pueden permanecer hasta un máximo de dos años y el setenta por ciento de los residentes son de origen extranjero.

Con la crisis se ha notado más el incremento de familias con problemas económicos exclusivamente, aunque estos centros están dedicados sobre todo a familias con "problemática social amplia".