La noticia en cifras
| Cifra | Dato al que se refiere |
|---|
| 69 | Víctimas mortales del accidente de Urda, según la noticia. |
| Hito 87 | Hito del Plan de Recuperación cuyo cumplimiento piden los eurodiputados populares que la Comisión Europea examine. |
| Septiembre de 2021 | Mes y año en que ADIF adjudicó a Thales el contrato para renovar sistemas de señalización y protección ferroviaria de la línea Madrid-Sevilla. |
| 93 millones de euros | Importe del contrato adjudicado por ADIF a Thales, según la noticia. |
| Enero de 2026 | Fecha en que, según la iniciativa citada, finalizaba el plazo de ejecución del contrato. |
| Diez meses | Tiempo que, según la iniciativa, había transcurrido cuando el sistema LZB continuaba operativo. |
| 1.196 millones de euros | Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que, según la noticia, el Ministerio de Transportes mantenía pendientes de ejecución al cierre de 2025. |
| 61,8 % | Porcentaje de los fondos asignados que representaban esos 1.196 millones de euros, según la noticia. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué solicita el PP a la Comisión Europea?
Que examine la ejecución de las inversiones ferroviarias financiadas con fondos europeos, los controles sobre los contratos y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad. También pide que compruebe si las actuaciones estaban terminadas, instaladas, probadas y disponibles cuando se declaró cumplido el hito 87 del Plan de Recuperación.
¿Qué se pregunta sobre el contrato de señalización de la línea Madrid-Sevilla?
La iniciativa pide información sobre el contrato adjudicado por ADIF a Thales en septiembre de 2021 por 93 millones de euros para renovar los sistemas de señalización y protección, incluida la sustitución del LZB. Según el texto, el plazo de ejecución finalizaba en enero de 2026 y, diez meses después, el LZB continuaba operativo.
¿Cuánto dinero del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia seguía pendiente de ejecución al cierre de 2025?
La noticia señala que el Ministerio de Transportes mantenía pendientes 1.196 millones de euros, el 61,8 % de los fondos asignados. El PP también pide información sobre los fondos destinados a contratos investigados por la Fiscalía Europea y sobre posibles auditorías o devoluciones si se confirma un uso irregular.