La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Defensa del Contribuyente, que establece la buena fe en la relación con la Hacienda autonómica y fija un plazo máximo de tres meses para responder a las peticiones ciudadanas. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
La ley se aplica a tributos cedidos como los de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Tributos sobre el Juego. También crea la Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá al actual Defensor del Contribuyente y contará con más medios técnicos y plazos exigibles.
Quejas y garantías en la atención al contribuyente
La nueva oficina tramitará quejas por retrasos indebidos, incidencias electrónicas o mal trato. El órgano afectado dispondrá de 15 días hábiles para responder.
La Administración pedirá disculpas cuando una sentencia firme declare que se ha vulnerado un derecho del contribuyente y dará las gracias si una inspección concluye sin regularización ni sanción.
El principio de buena administración se incorpora al conjunto de la actuación pública. La atención deberá garantizar confidencialidad y gratuidad, y adaptarse a las necesidades de cada persona para que los derechos de los contribuyentes sean efectivos.
Consultas, trámites y atención presencial
La Administración responderá por escrito y con carácter vinculante a las consultas de los contribuyentes. Además, realizará gratuitamente la autoliquidación a quien lo solicite y le acompañará en su presentación y pago.
Los contribuyentes podrán consultar sus expedientes sin pedir cita, a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta tributaria individualizada que permitirá ver en tiempo real el estado de sus gestiones.
La ley también exige emplear un lenguaje claro y revisar periódicamente los formularios. Asimismo, garantiza atención presencial y gratuita, con mención expresa a las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes estén en riesgo de exclusión, para que la digitalización no deje a nadie atrás.
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