CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE ha expresado su desacuerdo con los decretos ley sobre vivienda que el Gobierno presentará para su convalidación en el Congreso de los Diputados. La Confederación sostiene que estas iniciativas son soluciones temporales a un problema estructural relacionado con el acceso a la vivienda, sin abordar las causas subyacentes del mismo.
Los empresarios madrileños consideran inaceptable que, tras ocho años de gestión, el Ejecutivo no haya logrado establecer una política de vivienda efectiva y consensuada. En lugar de ello, se recurre nuevamente a medidas legislativas urgentes y carentes de diálogo con el sector. CEIM advierte que estas acciones no solo son insuficientes, sino que podrían agravar la situación crítica que enfrentan miles de familias y jóvenes en busca de vivienda.
Críticas a la intervención del mercado
La Confederación señala que la continua intervención en el mercado inmobiliario y el deterioro de la seguridad jurídica están desalentando la inversión y disminuyendo la oferta habitacional, lo cual es contrario a lo que realmente se necesita. Para CEIM, es fundamental implementar reformas estructurales que aumenten el parque de viviendas disponibles y restauren la confianza entre promotores, constructores e inversores. Por ello, instan al Gobierno a dejar atrás la improvisación y optar por un enfoque basado en el consenso y la estabilidad normativa.
Además, CEIM considera inaceptable el ataque reciente hacia las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), que acompañó al anuncio de estas iniciativas. Las críticas provenientes del propio Gobierno hacia los empresarios son vistas como una falta de respeto hacia quienes generan empleo y riqueza. Según CEIM, descalificar públicamente a quienes invierten y crean puestos de trabajo es inapropiado para una economía avanzada como la española.
Impacto en la actividad comercial
Por otro lado, CEIM ha manifestado su preocupación por cómo la acampada en la Puerta del Sol afecta negativamente a la actividad comercial, hostelera y turística en la zona. Consideran que el derecho constitucional a la reunión debe ejercerse con responsabilidad, garantizando su compatibilidad con los derechos de comerciantes, trabajadores y visitantes. En este sentido, solicitan a la Delegación del Gobierno que tome las medidas necesarias para restablecer el orden y proteger tanto la actividad económica como la imagen del emblemático enclave madrileño.
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