La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha lanzado un ambicioso proyecto de investigación destinado a fortalecer la libertad de prensa y combatir la desinformación en el contexto digital actual. Este estudio, que se extenderá durante tres años y cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia, se enfocará en cómo proteger el periodismo frente a desafíos contemporáneos, desde las fuentes informativas hasta las demandas abusivas que enfrentan quienes participan en el debate público. El equipo de investigación, liderado por el profesor de Derecho Constitucional Javier Sierra Rodríguez, comenzará analizando el impacto del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) en España.
Claves de la noticia
1. Proyecto interdisciplinario
Reúne a investigadores de diversas universidades con especialidades en Derecho, Comunicación y Periodismo.
2. Enfoque en desinformación
Analiza cómo las nuevas tecnologías afectan la calidad informativa y generan riesgos adicionales.
3. Protección ante demandas abusivas
Incluye una línea de investigación sobre las demandas SLAPP, que buscan silenciar a periodistas y activistas.
Un análisis del nuevo ecosistema informativo
El proyecto titulado “El fortalecimiento europeo de la democracia y su impacto en las libertades informativas” dará inicio este mes y contará con la participación de aproximadamente veinte investigadores provenientes de diez universidades. Su objetivo principal es estudiar y proponer alternativas para reforzar jurídicamente la libertad de prensa. Según Javier Sierra, esta investigación surge en un momento crítico donde los medios tradicionales han visto mermada su influencia frente a plataformas digitales más pequeñas y nuevos actores informativos.
El investigador destaca que la era digital ha traído consigo retos significativos para garantizar información veraz y de calidad. La transformación en los modos de producción y consumo informativo ha ampliado el espectro de voces disponibles, pero también ha creado un entorno más vulnerable a presiones externas. Los medios más pequeños, en particular, enfrentan dificultades para contrarrestar campañas desinformativas impulsadas por gobiernos o entidades privadas.
Nuevas normativas europeas como respuesta
En respuesta a estos desafíos, la Unión Europea ha implementado nuevas regulaciones destinadas a fortalecer el Estado de Derecho y asegurar un entorno mediático pluralista. Entre estas iniciativas se encuentran el EMFA y directivas específicas contra las demandas abusivas (anti-SLAPP) así como medidas para proteger a los informantes.
A lo largo de los primeros meses del proyecto, los investigadores se centrarán en evaluar cómo estas normativas impactan en España y establecerán conexiones con instituciones relevantes. Ya han iniciado diálogos con la Comisión Europea y distintos ministerios para presentar sus propuestas relacionadas con la libertad de prensa.
Ejes fundamentales del estudio
La investigación se estructurará en tres áreas clave:
- Protección profesional: Se explorará cómo mejorar la protección legal para periodistas y medios, abordando cuestiones como el secreto profesional y posibles estatutos profesionales.
- Desinformación: Se analizará cómo gobiernos utilizan narrativas específicas para influir en la opinión pública, así como los efectos negativos derivados de fenómenos como la cultura de cancelación.
- Fuentes informativas: Se estudiarán aspectos relacionados con la transparencia pública, acceso a información relevante y derechos de los periodistas ante situaciones adversas.
A través de este enfoque multidisciplinario que combina derecho, comunicación y periodismo, el proyecto busca ofrecer una visión integral sobre los retos actuales que enfrenta la libertad de prensa.
Luchando contra las demandas SLAPP
Una parte central del estudio será dedicada a las llamadas demandas SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), que son litigios utilizados estratégicamente para intimidar o silenciar a aquellos que participan activamente en debates públicos. Estas acciones legales pueden generar presión económica significativa sobre periodistas y activistas.
Sierra enfatiza que “la Directiva anti-SLAPP tiene como objetivo prevenir el uso indebido del sistema judicial para acallar voces críticas”, lo cual es fundamental para preservar un entorno democrático saludable.
A medida que avanza este proyecto, su coordinador subraya la importancia de transferir conocimientos adquiridos hacia las redacciones periodísticas. Para ello, ya han establecido contactos iniciales con asociaciones del sector periodístico español con miras a integrar sus preocupaciones dentro del marco investigativo.
Si (
No(
