El sábado 27, a las seis de la tarde, el juez Peinado informará oficialmente a Begoña Gómez, a Carolina Alvarez y a Francisco Martín de su decisión de que los tres sean juzgados por el delito de malversación por un Jurado Popular, que estará formado por nueve ciudadanos, que serán elegidos mediante sorteo desde la Delegación Provincial en la Oficina del Censo Electoral de Madrid, dentro de una “bolsa” que se crea cada dos años. A las personas seleccionadas se les envía un cuestionario que deben completar y devolver. Los jurados cobrarán 67 euros diarios mientras dure el juicio
La candidatura a jurado es efectiva durante los dos años siguientes de la elaboración de la lista, que se hace durante la última quincena de septiembre en los años pares. La malversación entra dentro de los delitos que pueden juzgarse de esa manera y no por un Tribunal integrado por tres magistrados. La decisión del titular del juzgado de Instrución vuelve a colocar a las fuerzas políticas en otra situación que con toda probabilidad hará que la defensa, la fiscalía y las acusaciones populares se pronuncien sobre los más que seguros recursos que se plantearán a partir del próximo sábado.
Será difícil que la esposa del presiente del Gobierno se siente en el banquillo antes de que finalice este año, dadas las tramitaciones judiciales qque van a tener lugar. En todo caso, cuando se produzca el juicio, el jurado popular se limitará a decir si encuentra a Begoña. Cristina y Francisco culpables o inocentes y será el juez el que dicte las penas. Más complicaciones para el presidente, al que también le afecta de forma directa el juicio de su hermano en Badajoz y los avances en la instrucción de los casos del ex ministro Abalos, del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, Koldo García y del intermediario Víctor Aldama.
Los caminos electorales y los judiciales se vuelven a cruzar y emular mientras los Presupuestos Generales del Estado siguen sin presentarse en el Congreso, con la amenaza de Puigdemonto de ordenar a sus siete parlamentarios que se opongan a los mismos, en lo que coincidiría con los diputados de Podemos y del PP y de Vox. Más dificultades para conseguir que la Legiuslatura llegue hasta su final a mediados de 2017. Con un escenario internacional que poco favorece los planes y deseos del presidente del Gobierno. Y con las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebarán dentro de los seis primeros meses del año próximo.
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