El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha declarado el "cese definitivo" de la actividad del centro de refugiados CREADE en este municipio, tras "el estudio de las alegaciones y el recurso de reposición" presentados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Según ha informado el Ayuntamiento, esta resolución "ya se ha notificado" a esta entidad y "atendiendo a la situación de vulnerabilidad de las más de 400 personas que allí residen según los últimos datos ofrecidos por el propio Gobierno central", se ha dado un plazo de cuatro meses para que sean realojadas "evitando así el cierre inmediato que es preceptivo en estos casos".
En el comunicado remitido por el Consistorio se aclara que el plazo de cuatro meses que se ha dado al Ministerio es "el doble del que el propio ministerio reconoce como promedio de estancia". Además, indica que el CREADE "no podrá acoger nuevos residentes en ese plazo y su incumplimiento provocaría el mencionado cierre inmediato".
Desde el Ayuntamiento se indica que la decisión del cese de actividad "llega después" de que el pasado 30 de julio se notificara al centro de refugiados de la ciudad el cese cautelar de su actividad "tras comprobar que no disponía de licencia de funcionamiento".
"Según la información que el propio Ministerio aporta en sus alegaciones, en la instalación se viene realizando una actividad de centro de acogida y alojamiento, que no está autorizada y cuyo uso es incompatible con la normativa municipal", aseguran en el Ayuntamiento de Pozuelo.
DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO
Para ello, se refieren a la "propia documentación aportada por el Ministerio" en la que "pone de manifiesto que desde el 1 de julio se autoriza una ocupación de hasta 564 plazas" en el centro "a pesar de que la única licencia de obras que figura en proyecto original y que está fechada en 2013 es para un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social con auditorio y hospedaje con 150 habitaciones".
"Un uso que nada tiene que ver con el que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos meses y mucho menos aún con lo que pretendía hacer trasladando a 400 menores no acompañados a dicha instalación", afirma la alcaldesa, Paloma Tejero.
Apuntan que "así, reconoce el citado ministerio que había cientos de personas alojadas en el centro sin las condiciones necesarias", a pesar de que en la inspección realizada por los técnicos municipales el pasado 29 de julio "no pudieron comprobarlo" porque "la entidad gestora y el propio ministerio les negaron el acceso".
Según el Ayuntamiento de Pozuelo, "no existe ninguna referencia" en las alegaciones del Ministerio al motivo principal de la orden de cierre, "que es que se está ejerciendo una actividad no autorizada y que es causa suficiente y necesaria para su clausura".
"Además, y pese a que el consistorio notificó al Gobierno central que el centro carecía de la licencia correspondiente, toda vez que ha multiplicado por más de siete su capacidad de alojamiento y para un uso bien distinto, el Ejecutivo ha ignorado la posibilidad de iniciar los trámites para solicitar una nueva y adecuada licencia, para lo cual tuvo de plazo hasta finales de agosto", concluyen desde el Consistorio.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han afirmado a Europa Press "hasta el momento" no han recibido "ninguna notificación al respecto". "En todo caso, los servicios jurídicos analizarán la documentación, una vez que llegue la resolución, para decidir cómo proceder", han añadido.
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