En mitad de la campaña electoral de Galicia, con la Ley de amnistía colocada como elemento básico en la lucha entre los dos grandes partidos políticos, culpar al ministro Grande Marlasca de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, o de la aparente imposibilidad de detener la llegada de inmigrantes a las Islas Canarias en cayucos cargados con cientos de personas que se juegan la vida en esas endebles embarcaciones, sólo tiene la explicación política del todo vale con tal de destruir al adversario para ganar votos y escaños. El poder en definitiva.
Llevamos años, todos los años de la Democracia con el mismo y agravado problema. Para combatir a las mafias de la droga y a las mafias que trafican con seres humanos, que vienen a ser la misma mafia global, hacen falta más recursos humanos y materiales; más Presupuesto y más voluntad para señalar las prioridades sociales y económicas. No se trata de aumentar el déficit del estado, que ya está muy por encima de lo que exige la propia Europa, se trata de eliminar partidas e incluso Ministerios que no aportan nada a la vida diaria de los españoles, ya vivan en Barbate, en A Coruña o en Valencia.
Los dos problemas se convierten en dos preguntas básicas. Desde Mauritania y desde Senegal a las costas canarias hay quince mil kilómetros de distancia. ¿Pueden los cayucos que vemos en las imágenes recorrer esa distancia llenas a rebosar de personas sin ayuda?. No parece posible. Son unos ocho o diez días de navegación, siempre que el mar esté en buenas condiciones. Los cayucos están alineados en los puertos de esos dos países africanos listos para que los utilicen sin problemas las mafias que operan en esa zona subsahariana. La solución puede verse como radical pero es bastante fácil, sobre todo cuando vemos que la intervención en otros países soberanos se hace por motivos de seguridad y de combatir los posibles ataques de grupos terroristas.
¿Es un acto de agresión a la seguridad de España el envío sistemático de droga y el envío sistemático de seres humanos?. Creo que sí y la mejor manera para evitar o al menos disminuir de forma drástica ambos problemas es atacar en el mar en la base de los mismos. Destruir a los cayucos en los puertos donde están atracados parece bastante fácil. Destruido el transporte, controlado el problema, al menos en una gran parte del mismo. Sin cayucos que recorran esa distancia de mil quinientos kilómetros, con la evidente ayuda de embarcaciones más grandes, capaces de tirar al mar a sus ocupantes si lo creen necesario, se acabarían los miles de muertos que se han producido en los últimos años. Reflexión que vale tanto para España como para Italia, los dos países a los que la emigración irregular les causa más problemas. ¿Por qué Europa no actúa con la misma contundencia que lo ha hecho con la invasión de Ucrania por parte de Rusia?, ¿Por qué está dispuesta a mandar grandes buques de ataque e invertir miles de millones en el golfo Pérsico para atacar a los grupos de huties que se refugian en Yemen o los límites fronterizos con Irak, Siria e incluso Irán?.
Los intereses económicos, por un lado, y el miedo de la clase política en general a “molestar a quien no se debe molestar”, sobre todo cuando están embarcados los dirigentes en las campañas política y la elaboración de las listas que llevarán a unos miles de sus militantes a ejercer parcelas de poder. Un poder que se expande desde las cúpulas y que ha crecido de forma inabarcable con el consiguiente aumento de los recursos necesarios para su mantenimiento; recursos que se detraen de otras necesidades mucho más sociales y de mayor impacto directo en la sociedad.
Si abordamos el tráfico de drogas las soluciones son las mismas. El caso de las muerte de los dos guardias civiles a bordo de una pequeña lancha neumática frente a potentes narco lanchas, que son jaleadas desde la costa por todos los que viven de la distribución de las drogas que transportan es el mejor de los ejemplos. En menos de dos horas tras los asesinatos estaban detenidos la mayoría de los culpables. Las Fuerzas de Orden Público sabían quienes eran, dónde vivían, dónde estaban sus grandes y veloces lanchas de transporte. Y surge la inevitable pregunta que se viene repitiendo año tras año y gobierno tras gobierno al margen del color político del mismo: ¿ por qué no se actúa, se les detiene, se les procesa, se les encarcela si son condenados y se les incautan sus medios de transporte?. La misma respuesta, por miedo, que cada una de las partes que deben tomar las decisiones tendría que explicar.
Nos extrañamos que en un país como El Salvador aparezca un líder como Bukele, arrase en las elecciones, cambien todas las reglas democráticas que imperan en la civilizada Europa y haga temblar todos loos equilibrios sobre los que se han desarrollado los principios de convivencia. Aquí, por no hablar de otros países, se habla de amnistía a la catalana, de los problemas del campo y de los transportes, de la desigualdad en el control de la producción de los alimentos. Se lanzan en plena campaña electoral gallega millonarias inversiones y millonarias promesas, se acude a funerales, se hacen fotografías… y a esperar a las elecciones rusas de marzo, y a las vascas del mes de abril en Euskadi, y a las elecciones europeas en junio, y a las elecciones norteamericanas de noviembre. Mientras, sigue el genocidio imparable en Palestina, sin que ninguna organización sea capaz de llegar, por lo menos, a una iniciativa de paz; y sigue la guerra en Ucrania con más peticiones de producción y envío de armas para que aumente el número de muertos y lo que hasta hace tres años era un país se convierta en una sucesión de escombros.
Si (
No(
