Inclusión y Accem aseguran que en el citado centro se garantizan los derechos humanos mediante un programa de atención humanitaria dirigido a las personas migrantes y refugiadas
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha avisado a la dirección del centro de Emergencia, Acogida y Derivación en el Acuartelamiento 'Primo de Rivera' de Alcalá de Henares que incoará una denuncia por vulneración de derechos fundamentales si siguen las expulsiones de migrantes y que solicitará la intervención de la Fiscalía y al resto de instituciones, ha informado la organización.
En un comunicado, el colectivo advierte de tomar medidas legales para que se depuren responsabilidades ante "el flagrante incumplimiento de la normativa de servicios sociales, infancia, migraciones y procedimiento administrativo".
Ayer, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la organización social Accem aseguraron que en el citado centro se garantizan los derechos humanos mediante un programa de atención humanitaria dirigido a las personas migrantes y refugiadas.
De este modo, desmentían las acusaciones vertidas por la Red después de que acusaran al centro de Alcalá de "maltrato continuado" y de "marcar con números en la piel" a los residentes del centro, una afirmación "rotunda y radicalmente falsa".
Así, el Ministerio recordó además que cuenta con una red de dispositivos en todo el territorio nacional, entre los que se encuentra dicho centro y donde los migrantes reciben una primera atención humanitaria consistente en alojamiento, manutención y una asistencia médica básica.
EXPULSIONES DE MIGRANTES
En un nuevo comunicado, Red Española en coordinación con entidades locales de apoyo a las personas migrantes de Alcalá de Henares ha alertado este viernes a las autoridades autonómicas acerca de la inmediata expulsión sin solución habitacional de un grupo de 23 personas migrantes, todas ellas sin referentes ni alojamiento.
El colectivo denuncia que antes de su expulsión no se les ha ofrecido derivación alguna a los servicios sociales por parte de la entidad gestora (ACCEM) en "un episodio más del caos que centra el día a día de los espacios de acogida de emergencia que el Gobierno de España ha dispuesto en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid".
La expulsión de estos usuarios contraviene, a juicio de los servicios jurídicos de la Red, el derecho administrativo básico, puesto que se hace "sin darles pie a ser consultados, oídos antes de ser expulsados, mezclando a menores con mayores de edad y sin dar vía alguna para que los servicios sociales autonómicos o locales puedan vertebrar vías para evitar que no se vean condenados a la exclusión y la mendicidad".
Desde la Red se quiere alertar como "solo en las últimas fechas se ha incorporado un contingente de más de 300 personas al centro de Alcalá de Henares donde conviven, sin separación, menores con mayores de edad, sin que tampoco el Ministerio haya dispuesto vías para derivarlos".
"En dicho centro se han constatado situaciones contrarias a Derecho como el marcado de usuarios y su numeración en brazo y manos elemento acreditado por fotografías aportadas a una denuncia incoada por la propia Red en colaboración con entidades locales de la ciudad de Alcalá de Henares", denuncia.
"Pedimos al Ministerio la prórroga automática de la estancia de los usuarios y un cambio inmediato en la dirección del centro de Alcalá de Henares que es, con mucho, el peor de toda la Red de centros de emergencia. El descontrol en dicho centro es inasumible como también el trato degradante a sus usuarios. Todos los residentes tienen una resolución donde se reconoce su vulnerabilidad firmada por personal funcionario del Ministerio", señala.
"No se puede prometer a los usuarios, para sacarlos de Canarias, ayuda y estabilidad para, tras apenas pasar unas semanas, expulsarlos en pleno invierno sin advertir a las administraciones locales y autonómicas y tensionar a ONGs y entidades independientes que no podemos asumir este reto en solitario" afirmó Rafael Escudero, Secretario General de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.
TRATO VEJATORIO, RETENCIONES SIN AUTORIZACIÓN Y MENORES Y MAYORES DE EDAD MEZCLADOS
La Red ha constatado que se limita sin medida judicial las salidas de las personas internas en el centro, se realizan procesos de control sin autorización así como se adopta una actitud más propia de un CIE, con hasta tres controles para la salida de las personas, limitando a apenas dos horas efectivas el tiempo del que las personas internas pueden disponer para salida del mismo.
La Red, a través de sus servicios jurídicos, ha advertido a la dirección del centro que, de proseguir con las expulsiones sumarias, incoará una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y solicitará la intervención de la Fiscalía y al resto de instituciones, garantes del Estado de Derecho.
Lo hará para que procedan a encausar a quienes, siendo funcionarios públicos, están "consintiendo y siendo cooperadores necesarios para este flagrante incumplimiento de la normativa de servicios sociales, infancia, migraciones y procedimiento administrativo, así como evitando que personas que desean solicitar, entre otros, el ejercicio de su derecho al asilo puedan hacerlo".
La Red quiere manifestar finalmente su enorme sorpresa por la respuesta del Ministerio competente en materia de migraciones y le insta a visitar e inspeccionar su propio centro dado "el palmario desconocimiento de lo que está pasando realmente en el mismo y el trato al que someten a las personas internas desde su dirección".
"En lugar de atacar a ONGs independientes, sean transparentes de una vez" recuerda la Red que ha tenido que recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante la negativa del Ministerio de migraciones a facilitar los protocolos y contratos que sustentan estos centros a través de petición de transparencia que fue desoída por el departamento responsable de migraciones.
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