Seis años lleva Puigdemont convertido en una molestia permanente para el Estado, al margen del partido que gobierna desde La Moncloa. El ex presidente catalán, que huyó desde su chalet en una urbanización en Gerona, apoyado por su mujer y cuatro mossos de Escuadra, utilizando dos coches hasta llegar a Bélgica, cuando aún no habían pasado tres días desde la rocambolesca “Declaración unilateral de Independencia” de finales de octubre de 2017 en el Parlament de Cataluña, utiliza el poder vicario que le ha entregado Pedro Sánchez con la eficacia de un roedor de afilados colmillos.
Carles Puigdemont se ha pasado nope toda Europa en todo tipo de actos, reivindicando una Cataluña independiente al margen de la Constitución y con métodos que no son válidos en ningún país de la Unión. Con consentimiento judicial y político, aprovechando las peleas internas entre el Gobierno español, la Fiscalía y el juez Pablo Llarena. Unos episodios de vodevil si no estuviera por medio la credibilidad de las instituciones del Estado y la imagen de España. Desde Junts, al igual que desde ERC, el PNV, Bildu y el BNG, sus dirigentes y sus votantes pueden pedir y desear unas mayores cotas de poder dentro de negro país e incluso defender la independencia para esos territorios, de la misma manera que se hizo en Escocia y hace muchos años en Italia. La diferencia está en el respeto a los propios mecanismos legales que existen. Puigdemont y los que le siguieron intentaron hacerlo al margen de la Ley, repitiendo los errores que ya cometieron los dirigentes catalanes al inicio de la II República, pero mientras que en aquella ocasión se mandó al Ejército a restaurar el orden político, en 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy se limitó a aplicar el artículo 155 de la Constitución.
El presidente de la Generalitat no asumió su responsabilidad como sí lo hicieron el resto de los dirigentes implicados, con Oriol Junqueras a la cabeza. Corrió a esconder en Waterloo aprovechando las facilidades legales que existen en la UE, dispuesto a “mandar” en el Gobierno Central todo loo que le permiten sus necesarios siete escaños conseguidos en las pasadas elecciones generales del mes de julio. Puigdemont es una anomalía democrática, que pone en riesgo el sistema constitucional desde su propia base y obliga a gobernar al Ejecutivo y a su presidente teniendo que dejar a en lado la representatividad de 343 escaños y los votos que les respaldan.
Ególatra y vanidoso quiere que le reconozcan su debilitado poder mientras le dure. Tal vez sueñe como volver a cataluña como hizo Josep Tarradellas para gritar el “ya soc aquí”· desde el balcón de la Generalitat pero eso no parece, ni debe ser posible, gobierne quien gobierne desde La Moncloa. Ni ahora, ni dentro de cuatro años. Las futuras elecciones catalanas, que a más tardar tendrán que celebrarse en 2025, deberán aclarar el equilibrio interno de esa parte de España entre independentistas ( en sus distintas variantes) y estatistas o nacionalistas del estado en su conjunto. Junts, como heredero de la vieja CiU perdió el poder y ha ido bajando de forma progresiva en votos y en representación política. Una gran noticia sería que se mantuviera en esa línea de decadencia. Por el bien de Cataluña y de España.
