La Abogacía del Estado había solicitado levantar la paralizaciónporque los restos de la mujer enterrada en el mausoleo, y cuya nieta impulsó el recurso que logró parar los trabajos cautelarmente, no se encuentran en la Capilla del Sepulcro, que es donde se están realizando las exhumaciones
La Audiencia Nacional ha acordado levantar la suspensión cautelar de las exhumaciones que se llevan a cabo por parte de Patrimonio Nacional en el Valle de Cuelgamuros --antiguo Valle de los Caídos-- después de que la Abogacía del Estado presentara alegaciones explicando que la abuela de la persona que solicitó parar los trabajos por protección del derecho fundamental a la libertad religiosa no fue inhumada en la capilla donde están ahora operando los forenses.
Así consta en un auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11, recogido por Europa Press, que señala que esas alegaciones de la Abogacía del Estado --en representación de Patrimonio Nacional-- y la documentación que las acompaña ponen de manifiesto que "las exhumaciones se están realizando en un lugar diferente de aquél donde reposan los restos que se intentan proteger, "por lo que no existiría en principio una urgencia cautelar tan inmediata".
Además, explica el magistrado Francisco Javier González Gragera que de los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado "se deduce, prima facie, que la actuación material administrativa no afecta materialmente a los derechos" que con el recurso pretendían defenderse respecto de los restos la abuela de la recurrente, "ni tampoco está previsto que suceda en el futuro, en los términos indicados".
HUBO INTERLOCUCIÓN CON LA FAMILIA ANTES
En segundo lugar, indica la resolución, se ha aportado información de que ya ha existido sobre el tema una interlocución escrita de la recurrente con Patrimonio Nacional, donde esta entidad ha respondido a su requerimiento de anulación de las exhumaciones con un escrito de la gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
"El contenido del escrito pone de manifiesto que la actuación de exhumación no puede considerarse efectuada en vía de hecho, sino que existe un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas previos, que constituyen su soporte", asevera el juez.
Así, concluye, "si las actuaciones administrativas combatidas no afectan materialmente a los derechos invocados y además no se realizan en vía de hecho, debe levantarse la medida cautelar cuya base jurídica (artículo 136.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) se fundaba exclusivamente en esta premisa que se ha revelado infundada".
LA RESPUESTA DE PATRIMONIO
Fue este jueves cuando trascendió que Abogacía del Estado había solicitado levantar la paralización de las exhumaciones porque los restos de la mujer enterrada en el mausoleo, y cuya nieta impulsó el recurso que logró parar los trabajos cautelarmente, no se encuentran en la Capilla del Sepulcro, que es donde se están realizando las exhumaciones, sino en la Capilla del Pilar y por tanto "no puede verse afectada".
Subrayaba así que la recurrente carecía de legitimación para recurrir porque "el interés que se invoca es meramente hipotético" y añadía que "los perjuicios que de manera absolutamente genérica invoca la recurrente son inexistentes pues (...) los restos de la abuela de la recurrente están plenamente identificados y localizados y no son objeto de las actuaciones".
Respondía así a la decisión de la Audiencia Nacional que ordenó el pasado 14 de diciembre a Patrimonio Nacional paralizar las exhumaciones tras admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de las apenas 200 mujeres enterradas en la Basílica del Valle de Cuelgamuros.
LA POSTURA DE ABOGADOS CRISTIANOS
Abogados Cristianos, que ya ha anunciado que ha recurrido la decisión judicial, consideraba que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de la Presidencia suponían "una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa". La organización de juristas argumentaba que, "el derecho constitucional a la libertad religiosa, ampara el derecho a una digna sepultura".
Aseguraba que "la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de AND a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa". Denunciaba que "para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares".
"Esto es otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que busca con estos trabajos es dañar la Basílica. No descansaremos hasta que se respete nuestra libertad religiosa y la Cruz más grande del mundo", señalaban.
Este viernes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres en su cuenta de 'X', antiguo Twitter, ha celebrado la decisión judicial y ha informado de que ahora "se retoma la actividad de los forenses". "La reparación y la restitución de la dignidad son actos de justicia", ha añadido.
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