Carabante ha remarcado que será a un precio razonable "pero también impidiendo que cualquier superficiario, cualquier propietario definitivo, pueda especular con estas viviendas"
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, confía en dar solución a los afectados por el Plan 18.000 "en las dos próximas semanas" para el acceso a las viviendas "a precio razonable".
"Esperamos poder dar una solución a los superficiarios a lo largo de las próximas semanas porque estamos trabajando internamente en el que puedan acceder a esas viviendas a un precio razonable cumpliendo las prescripciones que estableció la intervención del Servicio Jurídico en el pliego del que se desistió en el año 2022", ha avanzado Carabante en el Pleno de Cibeles a una pregunta del concejal de Vox Ignacio Ansaldo.
Carabante ha remarcado que será a un precio razonable "pero también impidiendo que cualquier superficiario, cualquier propietario definitivo, pueda especular con estas viviendas".
Ansaldo ha lamentado que hasta "10.000 madrileños han sido maltratados desde hace años por el Ayuntamiento de Madrid". "Pasaron por estafas de cooperativas de sindicatos comegambas, corruptos, y muchos tuvieron que poner dinero extra para no perder sus casas y crear cooperativas nuevas. Y además parecieron retrasos infinitos en la construcción. Y cuando ya son propietarios, que no inquilinos, siguen sufriendo un infierno por la desidia, inutilidad o la pereza intolerable de los grupos que han gobernado en los últimos años", ha declarado.
El concejal de Vox ha afirmado que "ha sido la institución quien ha incumplido reiteradamente con los madrileños", echando en falta un pliego que no se formalizó "ni en el mandato de Manuela Carmena ni en su continuación con el PP", lo que supone que "los dueños de las viviendas no han podido ejercer su derecho a compra del suelo durante estos años por no existir ese pliego que tenía que elaborar el Ayuntamiento".
"EL AYUNTAMIENTO SE OLVIDÓ DE ELLOS"
Durante este tiempo "las familias han visto cómo su condición de VPO ha caducado, pero ellos no han podido ejercer su derecho a la compra del suelo que les podría haber pertenecido porque el Ayuntamiento de Madrid se olvidó de ellos", ha lamentado el edil de Vox.
"No les dio la oportunidad de comprarlo a precio justo y con la calificación de protegido y ahora el Ayuntamiento de Madrid les exige que compren el suelo a precio de mercado, un mercado que no existe porque sólo lo pueden comprar ellos", ha advertido.
Carabante ha contestado que están trabajando y analizando jurídicamente cómo dar esa opción para que los actuales superficiarios se conviertan en propietarios definitivos del suelo y, por tanto, también de la vivienda.
El delegado ha afirmado que todo el problema surge porque "el gobierno de izquierdas durante el periodo 2015-2019, en concreto en el año 2018, desistió del pliego que permitía adquirir este tipo de viviendas y, por tanto, desde entonces se está analizando con el servicio jurídico y con la intervención para poder dar esa alternativa".
NO CAER EN "EL DISCURSO FACILÓN"
Borja Carabante ha pedido a Vox que "no caiga en ese discurso facilón que normalmente tienen en el que sólo no dan soluciones sino lo único que hacen es tener buenas intenciones". "Me dice que no pueden vender a precio de mercado las viviendas que han sido descalificadas y claro que no. No lo vamos a vender al precio de mercado sino al precio de un suelo libre, tal y como establece la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y del Estado", ha aclarado.
El Gobierno trabaja para "convertir a los superficiarios en propietarios definitivos entre aquellos que voluntariamente quieran adquirir la vivienda; cumplir la ley de los bienes patrimoniales y, en último lugar, proteger los intereses de todos los madrileños".
"Esperamos poder dar una solución a los superficiarios a lo largo de las próximas semanas", ha insistido Carabante, tras remarcar que la "voluntad y la vocación de este tipo de viviendas es que sigan permaneciendo con protección pública".
PLAN 18.000
El Plan 18.000 toma su nombre de un programa del Ayuntamiento de la capital de los años 90 para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que los ciudadanos únicamente adquirían un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad.
Entre 1984 y 1997, el Consistorio de la capital puso en el mercado parcelas pertenecientes al patrimonio municipal destinadas a la construcción de viviendas de Protección Oficial en régimen de cooperativa. Se hizo mediante la constitución de derechos de superficie con carácter gratuito durante 75 años a favor de los adjudicatarios, entre las que se encuentran el Plan 18.000.
Eran viviendas de protección oficial de promoción privada y de régimen general o especial. Desde el principio, superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus viviendas mediante la compra de la cuota de suelo que les correspondiera de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes, en la misma proporción a las cuotas que dichos inmuebles tienen asignados en los elementos comunes que integran cada uno de los edificios construidos en las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie.
Primero en 1992 y luego en 2009, el Ayuntamiento ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal. El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012.
Ya en mayo de 2013, con Ana Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente.
Debido al interés de los superficiarios en adquirir su cuota de suelo para consolidar su plena propiedad, el pasado 26 de enero se aprobó un nuevo pliego "pero cumpliendo el acuerdo del Pleno" que incorporaba la medida consensuada en los Pactos de la Villa y propuesta por la oposición, que establece que "ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños", apuntaba meses atrás el entonces delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.
Esto supone que el Ayuntamiento "no puede vender en este programa suelos destinados a protección pública, sólo los calificados como libres y a precio de mercado", mientras que los superficiarios del Plan 18.000 "consideran que es un agravio comparativo con respecto al resto, al haberlo podido comprar con la calificación de suelo protegido, con una valoración bien distinta y no libre, tal y como es condición obligatoria si se quiere cumplir con lo acordado en los Pactos de la Villa".
"PAGAMOS LOS LADRILLOS UNO A UNO"
El Pleno de Cibeles aprobó por unanimidad el 25 de abril de 2023 la enmienda de adición firmada por el PP a las proposiciones de PSOE y Más Madrid para dar una salida al Plan 18.000, de modo que los titulares del mismo sean excluidos de la prohibición de la enajenación de viviendas, como señalaban los Pactos de la Villa. Se trataba de dejar sin efecto el pliego general de pactos y condiciones del Plan 18.000.
La Asociación Plataforma de Afectados del Plan 18.000 ha aclarado a través de un comunicado que no son inquilinos en ningún caso sino propietarios de las viviendas porque las construyeron a través de cooperativas. "Pagamos los ladrillos uno a uno, con hipotecas, y lo que deseamos es poder comprar el suelo, pagándolo, por supuesto, a un precio justo", ha trasladado la presidenta de la asociación, Ángeles Toribio.
"El Ayuntamiento no nos vende las viviendas, nos vende el suelo bajo el cual están edificadas porque las viviendas son nuestras, las pagamos nosotros", ha remarcado.
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