El 100% de los centros concentrados en la Comunidad de Madrid cobra una cuota base mensual por enseñanzas obligatorias a las familias, siendo obligatorias en el 82% de ellos y cuyo impago supone la exclusión del alumno en un 31% de los casos.
Así se desprende del VII Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados, realizado a través de la metodología mystery shopper, simulando ser familias que solicitan información para la matriculación de sus hijos en 115 colegios madrileños. De ellos, 42 son sociedades limitadas mercantiles, 28 pertenecen a Congregaciones e Instituciones, 25 son de cooperativas, once a asociaciones o fundaciones y nueve a sociedades anónimas mercantiles.
Según ha explicado Amparo Núñez, directora de proyectos de la consultora encargada del trabajo, Garlic B2B, el 100% de los colegios visitados cobra una cuota base a las familias, siendo la cuota base promedio de 119,53 euros. De ellos, el 63%, es decir, dos de cada tres colegios, cobra cuotas de 100 euros o más a las familias, con un mínimo de 10 euros y un máximo de 489.
Se incumple así, ha recalcado, el artículo 88 de la LOMLOE, que afirma que estos colegios no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito.
Según el estudio, la tendencia en la Comunidad de Madrid es que los colegios concertados incrementen el precio de la cuota cada año, siendo la media mensual de 119,5 euros y de más de 150 euros en el 53% de los centros --la subida máxima ha llegado a 36,5 euros--. Las familias han de realizar un desembolso medio superior a los 3.000 euros por curso, teniendo en cuenta el resto de los servicios del colegio.
Además, se ha constatado que no pagar las cuotas implica la exclusión del alumno en un 31% de los casos y se ha detectado deficiencia de transparencia en la comunicación que se ofrece a los padres, el 30% no facilita hoja de precios y parte de los centros no entregan documentación con esta información a pesar de solicitarlo en numerosas ocasiones.
En este estudio se ha analizado por primera vez los resultados según la titularidad del centro concertado, concluyendo que los que pertenecen a sociedades mercantiles (anónimas y limitadas) cobran de promedio una cuota
mensual de más del doble que la de las congregaciones e instituciones religiosas. En cualquier caso, si no se tiene en cuenta un centro religioso que cobra 489 euros, en la que incluye comedor y otros servicios, el promedio sería de 49,48 euros.
En este sentido, Elena Cid, directora general de CICAE, ha puesto el acento en que existe un modelo de mercantilización, "una concertada dentro de la concertada", y ha tildado de "inaceptable" este "incumplimiento" de la denominada Ley Maestra. "La nueva concertada que ha proliferado en los
últimos años, la que no depende de entidades benéfico-docentes y sin ánimo de lucro, es la que más cobra y la que más presión al cobro ejerce a las familias. Hemos normalizado que los padres tengan que abonar cuotas para el lucro de entidades mercantiles por un servicio básico y subvencionado
como es la educación en colegios sostenidos con fondos públicos", ha denunciado.
En la misma línea, ha cargado contra la Consejería de Educación, conocedora de la situación, algo que ha calificado de "muy grave" y ante lo que ha pedido no solo que ejerza un mayor control sino que no autorice estas cuotas. "Es la propia Consejería de Educación quien autoriza las cuotas, a través de un proceso que da carácter legal al copago de la educación en estos colegios, desprotegiendo así a las familias", ha censurado.
En la misma línea, ha criticado el calendario de este proceso, la escasa documentación que entregan los centros y "que se les permita cobrar cuotas elevadas, con evidente lucro, por actividades curriculares dentro del horario escolar, dejando patente que la libertad de elección de un colegio concertado está supeditada a la capacidad económica de las familias".
Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos, su presidenta, Maria Carmen Morillas, ha subrayado que con este estudio se vuelve a constatar que se vulnera la ley con "situaciones dantescas" que denuncian las familias como la vulneración de los derechos fundamentales "en cuanto a la presión que ejercen los centros" para el pago de estas cuotas y la situación de "exclusión" de los escolares de actividades si no se paga.
En este sentido, la FAPA Giner de los Ríos ha puesto en marcha, a través de su página web, un canal abierto para que las familias expliquen de forma confidencial este tipo de incumplimientos para poder ofrecerles, en primer lugar, asesoramiento, y en segundo, poder trasladar casos y estas vulneraciones a la administración educativa.
CESIÓN DE PARCELAS PÚBLICAS A COSTE CERO PARA LA CONCERTADA
Tanto desde la FAPA como desde CICAE se ha denunciado se ha denunciado el modelo "merantilista" en la Comunidad de Madrid, con los casos concretos conocidos recientemente de la cesión de parcelas de suelo público en Villa de Vallecas y Valdebebas para centros concertados "a coste cero" y que convierte en un "negocio" la Educación.
"En Valdebebas no hay ningún centro público de secundaria y el alumnado tiene que escolarizar fuera de su barrio. Sorprendentemente, años después, la respuesta de la Consejería ha sido anunciar la cesión de parcelas en Valdebebas y Villa de Vallecas para la construcción de centros privados concertados a coste cero", ha explicado Morillas.
En esta línea, ha explicado que "se ha pervertido la finalidad del concierto educativo, llegando al punto de denominar un centro que aún no existe como ya concertado". "Resulta incomprensible que en zonas de nueva expansión residencial la única opción educativa sea la educación privada concertada, quebrando la abanderada libertad de elección educativa, que es para quien la puede pagar porque, en la mayoría de los casos y, como se constata en el informe, la enseñanza concertada es de pago", ha añadido.
Por su parte, Elena Cid, directora general de CICAE, ha puesto el acento en que el modelo nace "ya desvirtuado" al ser concertado desde su origen y ha defendido que las entidades que concurran a esos suelos deberían ser sin ánimo de lucro "para garantizar que no se haga negocio". Además, ha puesto el acento en la "falta de transparencia" sobre cómo va a recuperar la empresa concesionaria "las inversiones millonarias para la construcción" de centros en los que gastarán entre 15 y 20 millones". "Serán las familias las que tengan que copagar con estas cuotas", ha denunciado.
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