La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), su homóloga en Barcelona (FAVB) y Facua Madrid han presentado este jueves una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiéndole amparo "ante las situaciones de indefensión creadas por el sector económico de la hostelería y los respectivos gobiernos municipales y autonómicos en torno a la utilización del espacio público" con las terrazas.
El presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, ha expuesto que las ciudades sufren "un problema principal relacionado con la salud, que es el ruido", unido a que "progresivamente las terrazas han ido generando una sobreocupación del espacio público, que hacen ciudades más difíciles para la población y menos amables".
En rueda de prensa junto a la presidenta de Facua Madrid, Marian Díaz, y por streaming con la presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, Villalobos ha hecho un llamamiento a Gabilondo para que les ayude a "recuperar la ciudad". "Uno ya no puede sentarse en una plaza a leer, los niños no pueden jugar al balón, para una persona ciega caminar por la ciudad es casi una gymkhana", ha descrito.
En la queja, las asociaciones enumeran algunos de los derechos que están siendo vulnerados, como el del descanso como parte fundamental a la integridad física y a la intimidad personal y familiar (artículos 15 y 18 de la Constitución) en relación con el derecho a la protección de la salud (artículo 43). Apuntan al ruido causado por la clientela y por los trabajadores al retirar el mobiliario, agravado por los incumplimientos de horario en la medida que vulnera el derecho fundamental a la protección de la salud.
También han puesto el foco en la vulneración del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado reconocido en el artículo 45 de la Constitución, relacionado asimismo con el de protección de la salud. En este caso se refieren al consumo de tabaco en las terrazas y a la acumulación de residuos.
Igualmente se remiten a la vulneración del principio de igualdad y no discriminación y del derecho al disfrute en plenitud de los derechos reconocidos en la Constitución a las personas con discapacidad.
"Dichas vulneraciones de derechos son responsabilidad de la Administración municipal, tanto desde el punto de vista de su actuación legislativa al dictar ordenanzas de concesión de licencias del uso del espacio público como desde el punto de vista de su actuación inspectora y sancionadora al no vigilar el cumplimiento de la normativa", argumentan las federaciones en su queja ante el Defensor del Pueblo.
"OCUPACIÓN ABUSIVA" EN MADRID E INCUMPLIMIENTOS
En el caso de Madrid, la FRAVM apunta a una "ocupación abusiva e indiscriminada de plazas" en Centro, Salamanca, Chamberí y Retiro, especialmente en zonas como las Cavas, Chueca, Austrias, Plaza Mayor, Lavapiés, Ponzano, Malasaña, Trafalgar o Ibiza, puntos que sufren "una elevada contaminación acústica y ambiental".
La FRAVM apunta que muchos establecimientos incumplen la normativa vigente "con la instalación de modelos de mesas y sillas no autorizados a fin de aumentar el aforo de personal en el espacio autorizado de terraza"; con la no exposición de la autorización; con la emisión de ruidos y humos excesivos o con el incumplimiento de horarios de cierre establecidos o de las normas de accesibilidad en la ocupación de los espacios. "No se está cumpliendo", ha asegurado Villalobos. En la web de la FRAVM han recibido unas 700 denuncias vecinales por incumplimientos o molestias.
"ORDENANZA AD HOC PARA BENEFICIAR A LA HOSTELERÍA"
"Fue una ordenanza ad hoc para beneficiar a la hostelería porque no se escuchó a la ciudadanía", ha reprochado el presidente de la FRAVM al preguntar qué ha fallado en Madrid después de aprobarse la modificación de la ordenanza de terrazas de Madrid, en vigor desde el pasado mes de febrero.
Por ello abogan por una "necesaria modificación de la ordenanza de Terrazas que incluya la restricción de horarios terminando a las 23 horas teniendo en cuenta el interés general frente al particular para la autorización o denegación de la terraza".
También reclaman la recuperación de la obligatoriedad de un informe de impacto ambiental para la autorización priorizando el descanso vecinal y que las autorizaciones debieran ser "preferentemente estacionales durante los meses estivales".
A eso suman que en ningún caso se debería sobrepasar el ancho de la fachada; eliminar la instalación de estructuras ligeras o veladores porque suponen una privatización del espacio público; instan a reforzar los requisitos para garantizar itinerarios peatonales accesibles; reducción de la superficie ocupada por mesas, principalmente en los centros históricos de los barrios e intensificar las inspecciones de las autorizadas.
"UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE"
"Uno de los grandes problemas en Madrid" es la existencia de incumplidores, incluye la FRAVM en la queja, de la mano de la "utilización indebida de la declaración responsable".
La Federación madrileña entiende "que ha resultado un instrumento útil para garantizar la seguridad jurídica a muchas empresas que querían iniciar sus negocios pero no ha servido para resolver el problema de los incumplidores".
La declaración responsable "no puede, ni debe, ser la sustitutiva del sistema de licencias en todos los casos ni para todas las actividades".
QUÉ PIDEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Las federaciones de asociaciones vecinales de Madrid y Barcelona piden al Defensor del Pueblo que incoe una investigación para determinar si las vigentes normas locales sobre terrazas contraviene la normativa internacional, estatal o autonómica sobre ruido y protección del medio ambiente.
Requieren a Gabilondo que determine "si la negligencia en la aplicación de la normativa por los ayuntamientos, tanto permitiendo la saturación, especialmente en zonas turísticas, como no sancionando los incumplimientos en cuanto a ruido y contaminación ambiental, vulnera estos derechos fundamentales".
Y en el caso de Madrid, la FRAVM requiere al Defensor que determine si el uso por los infractores de la declaración responsable "para eludir el cumplimiento de las sanciones impuestas por el Ayuntamiento y la permisividad municipal suponen un fraude de ley".
Las federaciones transmiten a Gabilondo que, una vez concluidas las investigaciones y confirman lo por ellos señalado, advierta a las autoridades para que "pongan fin a esas actitudes permisivas y cómplices y adopten medidas legislativas, inspectoras y sancionadoras".
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha cifrado hoy en 272 las quejas recibidas por el Consistorio de la capital en relación a las terrazas de hostelería de la capital, una cifra "empírica" que ha calificado de "baja" porque supone un 1% del total de quejas que recibe el Gobierno municipal.
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