La comisión de investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz, Ayuso con recursos municipales ha concluido que se pusieron "obstáculos para conocer la verdad", señalando veladamente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que el presidente de la EMVS, Álvaro González, incumplió el código ético de la empresa, y que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se extralimitó de sus funciones.
La comisión municipal de investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha finalizado con la aprobación de un dictamen transaccionado de conclusiones apoyado por mayoría por Más Madrid, PSOE y Cs, con la abstención del Grupo Mixto y el rechazo de PP y Vox.
Dos más han sido los dictámenes que se han presentado, aunque no han conseguido ser aprobados en la última sesión de la comisión, el del Grupo Mixto y el del PP, formaciones que los mantendrán vivos para su defensa en el Pleno del mes de junio.
En un extenso documento de 16 páginas, el dictamen de conclusiones que ha sido aprobado por mayoría apunta que, "a pesar de que públicamente el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, garantizó que todas las personas del PP que fueran llamadas a la comisión de investigación acudirían, esta afirmación clara y manifiesta no se corresponde con la realidad y con lo que ha sucedido pues no han asistido ni siquiera altos cargos y eventuales de su Gobierno, como se deduce del difícilmente explicable expediente de dimisión de Ángel Carromero", quien fuera director de Coordinación de Alcaldía.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que "ha quedado fuera de toda duda que la comisión de investigación tenía causa más que suficiente para su creación, al existir dudas razonables sobre si había habido un uso indebido de medios públicos para espiar a familiares de Díaz Ayuso o bien un intento".
"Y por lo tanto, resultaba de todo punto de vista importante determinar si hubo intento, quiénes participaron de esta trama y en qué medida participaron, quedando acreditado por el propio alcalde, en su comparecencia de 9 de mayo de 2022, que la investigación interna existió, ordenada por él, y que se utilizaron medios materiales y humanos del Ayuntamiento de Madrid", recoge el texto transaccionado.
GONZÁLEZ "INCUMPLIÓ EL CÓDIGO ÉTICO"
El informe concluye que el presidente de la EMVS, el concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, incumplió el Código Ético de la empresa al iniciar una investigación no siendo competente para ello".
Esta medida "está reservada en exclusiva al Comité de Ética a través del canal de denuncias, donde debería haberse personado él mismo como denunciante, David Fernández como denunciado, figurando como denuncia la información recibida de intento contratación de una agencia de detectives para fines totalmente ajenos a la EMVS".
Además el presidente de la EMVS "no informó más que al alcalde, al delegado de Movilidad y Medio Ambiente, y al Consejero Delegado de EMVS, sin dar cuenta como debería al consejo de administración".
El informe concluye que es "imposible realizar esta contratación sin que figure en la contabilidad de la empresa y, por tanto, no se ha producido y es que la contratación por parte de EMVS de unos detectives era una distracción".
CARABANTE "SE EXTRALIMITÓ"
El dictamen transaccionado incorpora que el concejal delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, "se extralimitó en sus funciones y competencias acompañando al delegado de Vivienda a la reunión en la sede de la EMVS, dependiente del Área Delegada de Desarrollo Urbano".
Allí "además de interrogar a un empleado de esta empresa pública, su jefe de prensa, en relación con los hechos preguntó y fue informado de los estados contables y administrativos en relación con la posible contratación de detectives para fines completamente ajenos a los de la EMVS".
EL INTENTO DE ESPIONAJE "QUEDA PENDIENTE DE RESPUESTA DEFINITIVA"
El dictamen incorpora que el alcalde decidió indagar sobre la información "como se desprende de estas reuniones reservadas". Además ninguna de las personas que han denunciado el intento de espionaje, Julio Gutiez e Isabel Díaz Ayuso; como los dimisionarios David Fernández y Ángel Carromero, señalados directamente en las informaciones que se transmiten al alcalde, han comparecido en la comisión".
Y por tanto la pregunta de si hubo un intento de espionaje, aún a pesar de los fuertes indicios, quedará pendiente de respuesta definitiva, y todo ello a pesar del compromiso expreso de José Luis Martínez-Almeida de que todo miembro del PP comparecería en comisión".
Asimismo, "no se ha podido conocer quién informó al alcalde del intento de espionaje, como cuál fue el indicio que le llevó a solicitar al presidente de la EMVS acompaña a una reunión por el delegado de Medio Ambiente a realizar una investigación que extralimitaba sus competencias y funciones, ocultada tanto al Consejo de Administración de EMVS, como a su socio de gobierno, el Grupo Municipal Ciudadanos".
Por todo ello, el dictamen aprobado por Más Madrid, PSOE y Cs concluye que "se han puesto muchos obstáculos para poder conocer la verdad".
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