EL GOBIERNO DE AYUSO DICE QUE ESPERA AHORA LAS DECLARACIONES DEl MARIDO DE CALVIÑO, ILLA Y EL PADRE DE SANCHEZ
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha sostenido que en el Ejecutivo han recibido "con satisfacción" la noticia de que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, declaró ante la Fiscalía Anticorrupción por el contrato público de las mascarillas.
"Nosotros lo que queremos es que el fiscal tenga en sus manos toda la información posible para que este asunto se archive lo antes posible", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde, además, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha facilitado toda la información que tenían en sus manos.
En todo caso, ha hecho hincapié en que espera que "cuando vaya a declarar el marido de la señora Nadia Calviño, que cuando vayan a declarar los padres del señor (Pedro) Sánchez, cuando vaya a declarar el señor (Salvador) Illa, cuando vaya a declarar el señor (José Luis) Ábalos, el del pueblo del señor Illa que hizo contratos con el Ministerio de Sanidad o cuando vayan los imputados del Gobierno de España por haber fracasado en la compra de 300 millones haya mucho interés en saber qué han dicho, cuándo fueron o cómo lo hicieron". "Creo que es muy interesante saber en esas declaraciones que es lo que va a suceder", ha manifestado.
El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar los contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que se incluyeron en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
El pasado 10 de marzo tuvo entrada en esa fiscalía especializada de la denuncia del portavoz del PP en la Asamblea en la que señalaba "irregularidades que considera habidas en los contratos de emergencia, relacionados con el Covid-19" y formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectaban a contratos y a la concesión de subvenciones públicas.
Luzón indica que el PP "nada aporta", salvo la referencia a publicaciones en medios, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos, esto es, sobre su participación en los hechos delictivos por los que se presenta esta denuncia.
Por eso, excluye la participación de momento de esas "personas aforadas", algo que de haber admitido hubiera conllevado que el asunto fuera elevado al Supremo. Y trae a colación el decreto por el que abrió diligencias sobre el contrato vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para indicar que en este caso también "resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados".
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