La acusación particular en la causa en la que se investigan los cortes de luz en la Cañada Real ha solicitado al juez que instruye el caso que investigue quién ordenó la instalación de reconectores en los setores V y VI para limitar el suministro cuando se iniciaron los cortes, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El juez Juan José Escalonilla, al frente del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, tenía previsto este viernes la comparecencia del perito judicial que designó el pasado mes de agosto por orden de la Audiencia Provincial de Madrid en relación a un contrainforme elaborado para analizar el suministro eléctrico en los sectores afectados por cortes de luz.
La declaración del perito se ha aplazado hasta el próximo 19 de mayo a las 9.30 horas al estar de baja el compareciente, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
En el informe, se concluye que la compañía suministradora UFD, distribuidora del grupo Naturgy, habría instalado dos limitadores de potencia.
Ante ello, el letrado Javier Rubio, que representa a los vecinos denunciantes, ha solicitado al juez qué averigüe quién está detrás de la instalaciones de esos limitadores, dado que sospecha que podría estar vinculado a la intención de un posible desalojo forzoso de vecinos al estar próximas sus casas de promociones inmobiliarias.
Desde la compañía eléctrica siempre han negado ser responsables de los cortes de luz y han defendido que el suministro eléctrico se interrumpe al superarse la potencia máxima de la red por un consumo sobredimiensionado. Asimismo, recuerdan que no tienen "ni un cliente legal" en estas zonas.
El proceso penal enfrenta a más de 4.000 afectados por la falta de luz contra Naturgy y la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional vincula los cortes a los cultivos de marihuana. Ya han pasado más de 500 días desde que se produjeran los primeros cortes --octubre de 2020--, sufriendo sus habitantes bajas temperaturas, especialmente cuando durante la borrasca 'Filomena'.
La insostenible situación que viven los vecinos llevó recientemente a la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada Real, constituida por 50 organizaciones civiles y cinco organizaciones internacionales, a presentar ante el Comité Europeo de Derechos Sociales la primera denuncia contra España por violación "sistemática" de los derechos humanos.
INFORME INDEPENDIENTE
El informe del perito, al que tuvo acceso Europa Press, concluye que los potenciadores se colocaron "por el gran incremento de la demanda que hubo en unos pocos meses (de agosto a octubre de 2020), lo que ponía en riesgo "la línea con cortes en la subestación".
Según expone, los sectores V y VI de La Cañada Real Galiana son alimentados por dos ramales de "una línea de media tensión, la RVS703 (propiedad de UFD Distribución Electricidad S.A.) de 15 kV".
"Esta línea cuenta con una protección por sobreintensidad en la cabecera, es decir, en la subestación. Desde finales del año 2020 se han colocado unos reconectadores que hacen de protecciones, justo a la entrada de los sectores", señala.
"Los reconectadores se sitúan en los ramales de entrada a los sectores V y VI. En la práctica hacen de limitadores de potencia en el consumo que haya aguas abajo", apunta.
Explica el perito que "estos reconectadores pueden teleoperarse (manipular a distancia) y se encuentran tarados para saltar automáticamente cuando detectan una sobrecarga". Por tanto, apunta, "impone un límite máximo de potencia aguas abajo de los mismos".
"A raíz de esta instalación se producen cortes del suministro en ambos sectores. En el sector 5 se han conseguido solventar limitando a la población el consumo pero en el sector 6 es casi continuo desde entonces", agrega el informe.
Recalca que "el límite que se ha puesto a estos reconectadores ha implicado que el consumo de la línea descienda drásticamente situándose en un tercio del que había en el 2018, dos años antes del incremento de demanda del año 2020", añadiendo que también sería debido a que se ha anulado el consumo de iluminación de un tramo de M-50.
SOLICITAN INVESTIGAR
El abogado Javier Rubio, letrado de los vecinos denunciantes y de la Plataforma Cívica, ha señalado a Europa Press que Naturgy justificaba en su informe los cortes de suministro eléctrico en que los cultivos de marihuana superaban los límites de consumo disponibles", pero "nada decía acerca de que la propia empresa había disminuido la potencia disponible previamente".
"Con estos limitadores, para la población es inviable que vuelva la luz. Hay que adecuar la instalación y facilitar las cosas a los vecinos que no tienen nada que ver con actuaciones ilegales ni con tráfico de nada", ha señalado.
Por ello, este abogado ha solicitado al juez que pida más información a Naturgy para que indique quién ordenó poner esos limitadores. "Entendemos que la Comunidad de Madrid estaba al tanto y es un asunto que debe ser investigado", ha agregado el abogado.
"El informe arroja informaciones muy necesarias para esclarecer los motivos reales de los cortes de luz. Después de 18 meses, sigue sin haber voluntad política lo que apunta a que puedan existir otros intereses como un intento de desalojo forzoso al estar las viviendas cerca de promociones inmobiliarias", ha reseñado.
El letrado ha insistido en que el vecindario tiene derecho a un suministro y a que le faciliten contadores y contratos para regularizar el suministro eléctrico.
Todos los sectores de la Cañada recibían históricamente suministro eléctrico de Naturgy y, a pesar de las solicitudes reiteradas de regularización, nunca se ha llegado a contratar la luz de manera formal. A finales de octubre los vecinos del sector VI presentaron una solicitud de contratos a UFD.
En su respuesta, la compañía precisa que está "en disposición de atender todas las peticiones de conexión a su red de distribución que vayan acompañadas de la documentación que exige la legislación".
Mientras tanto los vecinos han logrado organizarse para tener luz controlando mucho el consumo, pero siguen sufriendo cortes de luz cuando aumenta el uso de estufas y radiadores.
REALOJAR A LAS FAMILIAS EN TRES AÑOS
El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana firmado en 2017, fruto del acuerdo de todas las fuerzas políticas presentes en la Asamblea de Madrid, marca una hoja de ruta para la solución de este enclave chabolista --con medidas como realojos o renaturalizaciones-- y en él están presentes tanto la Delegación del Gobierno como la Comunidad y los ayuntamientos afectados --Madrid, Coslada y Rivas--.
En las sucesivas manifestaciones que se celebran para reclamar que se restablezca el suministro en los sectores afectados se denuncia que las partes no cumplen el citado pacto regional.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, propuso en octubre, en una reunión mantenida con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, realojar a todas las familias de la Cañada en un plazo de tres años, con un presupuesto de 200 millones de euros entre todas las administraciones.
Además, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, se comprometió a destinar 5 millones de euros a paliar la situación en la Cañada Real, con lo que demostraba, según manifestó, "la voluntad política" del Gobierno para dar una solución a esta situación.
Fue el pasado 28 de septiembre cuando se constituyó un grupo de trabajo interministerial impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para dar soluciones integrales a la población de la Cañada Real. El equipo, compuesto por los ministerios de Derechos Sociales, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, está coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid.
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